Redacción

El lunes 6 de marzo, la periodista y Coordinadora de Información de Códigoqro, Malena Hernández, expuso en su columna denominada ‘Los Siervos de la Gleba’ la afectación que sufrió por parte de la administración municipal de Querétaro encabezada por el presidente Marcos Aguilar Vega; a su salida de otro medio de comunicación en el que ocupó el cargo de jefa de información en agosto de 2016, ya que le impidió el acceso a su portal de prensa, con el argumento de que para acceder a esa información requería acreditar que estaba laborando en un medio de comunicación.

Malena Hernández ha ejercido el periodismo desde hace alrededor de 30 años, en diferentes medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita); su trayectoria ha sido –incluso- reconocida en diversas instancias. Sin embargo, el municipio de Querétaro consideró que el ejercicio de su profesión había concluido y por ello debía ser marginada.

En respuesta a lo expresado en su columna, la periodista recibió –en las oficinas de Códigoqro- un documento en papel embretado del Municipio de Querétaro, en el que aparece el nombre de la Coordinadora General de Comunicación Social, Estela Valenzuela García (aunque cabe subrayar que sin firma), en el que reconoce que se le impidió el acceso a la información del portal de prensa, pero asegura que “no existe ni existió violación alguna a los derechos humanos ni cosa que se le parezca”.

Le presentamos el documento en el que la administración de Marcos Aguilar muestra claramente cómo decide, de manera unilateral, quién ejerce – y en qué momento- el periodismo y quién no; lo cual viola la libertad de prensa.

 

  • Una “costumbre” no puede estar por encima de la Ley y los derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Artículo 7°. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución (…) 

  • Confirmación de que a la periodista Malena Hernández le fue bloqueado el acceso al portal de prensa del municipio de Querétaro (http:www.municipiodequeretaro.gob.mx/prensa/default.aspx) a través de su cuenta de correo y mediante la contraseña que la propia autoridad asignó después de haber dejado de laborar en otro medio de comunicación en agosto del año pasado. El 23 de diciembre, la periodista presentó en la oficina del Presidente Municipal Marcos Aguilar Vega un escrito (folio 0004340) solicitando fundara y motivara las razones por las cuáles se le había impedido el acceso al portal de prensa y el por qué se solicitaba a los periodistas estar acreditados a un medio de comunicación para acceder a dicho portal. El alcalde no respondió a su derecho de petición; pero a partir del 18 de enero se eliminó el tener que acceder a los comunicados a través de una clave.
  • Es falso que Malena Hernández haya dejado de ser periodista; y una autoridad no puede calificar esta condición, pues eso atenta precisamente contra la libertad de expresión y de prensa. El 1 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en revisión (1422/2015), en el que una persona solicitó que las agresiones que consideró haber sufrido a manos de las autoridades municipales de Seyé, Yucatán, en el desempeño de su labor periodística, fueran juzgadas en instancias federales. Los ministros determinaron –efectivamente- que los jueces federales deben resolver los delitos cometidos contra periodistas; pero, además, subrayaron la necesidad de considerar los “distintos y cambiantes modos con los que se ejerce el periodismo”; ante lo cual resolvieron que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio de comunicación, o que presente un título profesional para justificar su carácter de periodista; y es que la Sala consideró que los periodistas pueden ejercer sus funciones a través de una gran diversidad de canales de comunicación: a) privados o públicos; b) impresos o radioeléctricos; c) digitales o de imagen; y que pueden desempeñar su tarea de manera independiente o asociada, y de forma permanente o habitual. Esto, en virtud de que el periodismo debe calificarse desde una perspectiva funcional, atendiendo a las actividades que comprende y al propósito al que sirve: “informar a la sociedad”.
  • El artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Coordinación General de Comunicación Social Municipal no le da facultades a su titular –en ninguna de sus 15 fracciones- para sentenciar si hay o no violaciones a derechos humanos; esta tarea compete a Poder Judicial de la Federación, y a las comisiones de derechos humanos (la Constitución Política del Estado de Querétaro, dice en su artículo 33, Apartado “A” que “La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, es un organismo público, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante el que el Estado garantizará el respeto a los derechos humanos; promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias para el cabal ejercicio de los mismos.”).
  • ¿Y la firma?

Lamentablemente, este no es un caso aislado, las quejas a las redacciones por preguntas incómodas de reporteros, por publicaciones que desde su óptica no debieron salir, exigencias de cambios en quienes cubren la fuente e intentos de manejar las líneas editoriales; también son constantes que han caracterizado la gestión de Aguilar Vega… ¿Y ahora qué seguirá?