Emite CNDH recomendaciones a los estados sobre autogobierno en los Penales

Se emitió la Recomendación General sobre condiciones de autogobierno/cogobierno en los Penales mexicanos a la Secretaría de Gobernación; a la gobernadora y los gobernadores de las 31 entidades federativas; al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al Comisionado Nacional de Seguridad

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Debido a que en los últimos cinco años se documentaron omisiones sistemáticas del personal que trabaja en los Centros Penitenciarios del país, quienes permiten, toleran y/o auspician que personas privadas de la libertad ejecuten actividades que corresponden exclusivamente a la autoridad; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 30/2017 sobre condiciones de autogobierno/cogobierno en los Penales mexicanos.

El citado documento está dirigido a la Secretaría de Gobernación; a la gobernadora y los gobernadores de las 31 entidades federativas; al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al Comisionado Nacional de Seguridad y está fechado en la capital de la República el 8 de mayo de 2017.

De acuerdo con la Recomendación, basada en información contenida en las visitas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se observa que en los últimos cinco años 42 Centros de Reclusión del país presentaron condiciones de autogobierno/cogobierno año con año, según informes del 2011 al 2015.

El organismo nacional reportó que a nivel nacional en 2011 un total de 60 Penales presentaban dichas condiciones; para 2012 fueron 65; en 2013, 67; hacia 2014, 63; en tanto que en el año 2015 -el último reporte-, fueron 71. En lo particular, refiere la Recomendación, Querétaro registró situaciones de autogobierno/cogobierno en 2012, 2013 y 2015.

“(Que) las autoridades estatales tomen el control de los establecimientos y garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de sus familiares, de los visitantes y del personal; eviten además que desde el interior de los establecimientos se afecte a la ciudadanía, por actos ilícitos que se cometen desde estos establecimientos por el autogobierno que prevalece en los mismos”, establece.

Con base en la definición de la Organización de las Naciones Unidas (Oficina contra la droga y el delito), el autogobierno es “el control directo y efectivo de un Centro Penal por parte de los internos/as o con organizaciones criminales, y la cogestión (cogobierno) como la situación en que la administración penitenciaria comparte el poder de gestión de un Centro Penal con una parte de los internos/as o con organizaciones criminales”.

Según el organismo, lo anterior deriva en afectaciones a las condiciones de estancia digna, por una limitación o cobro en la prestación de los servicios, alimentación, agua potable, estancia para dormir, salud, trabajo, capacitación, instalaciones deportivas, visita familiar e íntima; por lo que es más factible que se presenten incidentes de violencia, introducción de sustancias o materiales prohibidos, así como la organización de actividades delictivas como la extorsión y el secuestro.

Destaca que entre los factores del autogobierno/cogobierno se encuentran la violación, limitación o ausencia de un marco normativo adecuado; personal insuficiente y no apto para las funciones de seguridad penitenciaria; ilegalidad en la imposición de las sanciones disciplinarias; actividades ilícitas, extorsión, soborno, y la ejecución de actividades exclusivas de la autoridad por personas privadas de la libertad.

Agrega que, por otro lado, las variables que facilitan esta situación son la sobrepoblación, hacinamiento, inadecuada clasificación penitenciaria de los reclusos, infraestructura inadecuada y la corrupción e impunidad.

 Capítulo Querétaro

En el caso de Querétaro, según un especial publicado por Códigoqro el 25 de enero de 2017, los cuatro penales sumaron al 2015 una población de 2 mil 247 reclusos y una capacidad de 3 mil 361 camas útiles para alojar a personas recluidas; por lo que, con base en dicha información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, no existe sobrepoblación penitenciaria en la entidad.

En cuanto al personal que ahí labora, al cierre del 2015 hubo una proporción de 3.6 empleados por cada reo, si se consideran todos los puestos -incluidos los de dirección, equipo técnico, custodios, vigilantes y personal de apoyo-.