Indispensable la cláusula de conciencia…

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Ya que nuestras autoridades han asegurado públicamente tener una gran disposición para crear un marco jurídico que verdaderamente proteja y garantice la libertad en el ejercicio periodístico en la entidad, deberán incluir en las iniciativas de ley que sean presentadas ante LVIII Legislatura Local, instrumentos para salvaguardar la dignidad profesional e integridad moral de quienes ejercemos esta profesión… para ello, está la denominada ‘ Cláusula de Conciencia’ .

De hecho, uno de los aspectos más rescatables de la ‘ Iniciativa de Ley para la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión y el Ejercicio Periodístico del Estado de Querétaro’ que en la anterior legislatura presentó el diputado del PRI Braulio Guerra Urbiola, fue precisamente la inclusión de la cláusula, como uno de los “derechos específicos” inherentes a la naturaleza de la actividad de los periodistas.

Así, el artículo 10, consignaba “La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas y colaboradores periodísticos que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista, condiciones específicas que le permiten concebir la libertad de expresión y, que a la vez, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en que se configura una garantía para su ejercicio efectivo”.

Asimismo, el artículo 11 detallaba: “La cláusula de conciencia establecida en la presente ley comprende: I. Que el periodista o colaborador periodístico podrán ejercer las acciones legales procedentes, cuando el medio de comunicación en que trabaja cambie de orientación ideológica; o que no sea removido de su fuente de trabajo si por razones objetivas se niega a participar en informaciones contrarias a los principios éticos, con pleno respeto al ejercicio de este derecho, siempre en apego a la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

También puntualizaba “II. Que el periodista o colaborador periodístico pueden invocar la cláusula de conciencia cuando esté en riesgo su integridad física o moral en el ejercicio de su profesión. III. Que el periodista o colaborador periodístico pueden negarse a que se ponga su firma en un texto del que es autor y que haya sido modificado, bien introduciendo ideas nuevas, o suprimiendo algún concepto original de forma deliberada”.

Y: “IV. Que el periodista o colaborador periodístico en el ejercicio de su profesión están obligados a actuar dentro del marco de legalidad, a efecto de no violar, bajo ninguna circunstancia, las normas éticas, faltar deliberadamente a la verdad, deformar los hechos o recibir dinero o cualquier tipo de gratificación a cambio de la alteración de una noticia, ni contrariar los fines de la empresa que se comprometió a respetar, de acuerdo a los principios de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La Fracción V aclaraba: “De ninguna manera, por el ejercicio de la cláusula de conciencia, el periodista o colaborador periodístico, puede ser sujeto de acciones por parte de sus empleadores en perjuicio de su relación laboral. Cualquier medida coercitiva de ese tipo será entendida como una violación grave a los derechos laborales en atención al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo”.

Y, la VI, que: “En ningún caso la aplicación de la Cláusula de Conciencia podrá ser utilizada más allá de lo prescrito en normas superiores que defienden la libertad de prensa, ni afectar contenidos editoriales definidos por cada empresa en ejercicio de sus derechos”.

Finalmente, el artículo 12, sentenciaba que “Los periodistas y colaboradores periodísticos podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos y profesionales de la comunicación o a sus convicciones personales en cuestiones religiosas o filosóficas o que pudieran afectar la imagen pública, patrimonio o integridad física de terceros, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio para éstos por su negativa justificada”.

¿Suena bien, no? Interesante será ver si los diputados locales “se avientan el tiro…” y retoman lo positivo de esta iniciativa que está por ahí guardada en algún cajón de la Legislatura…