El 45.3% de los sujetos obligados incumple con obligaciones de Ley de Transparencia

De acuerdo con información proporcionada por el área de comunicación social de Infoqro -al 15 de mayo- solo dos sujetos obligados cumplen al 100 por ciento (1.58%) con tener un portal y toda la información completa y actualizada.

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La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) tiene detectados a 126 sujetos obligados a cumplir con la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Querétaro”, precisamente para garantizar el derecho de toda persona a conocer los datos públicos que obran en su poder; de estos, 97 tienen página de internet o están ya dados de alta en la Plataforma Nacional (aunque no todos tienen la información completa).

Según el artículo 6 de esta Ley,  son sujetos obligados, y por tanto, deben transparentar, permitir y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública que poseen: a) los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, b) los municipios del Estado, c) los organismos autónomos, d) los tribunales administrativos establecidos, e) los partidos y organizaciones políticas, f) la Universidad Autónoma de Querétaro y demás instituciones de educación superior que cuenten con autonomía, g) fideicomisos y fondos públicos y h) cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

De acuerdo con información proporcionada por el área de comunicación social de Infoqro -al 15 de mayo- solo dos sujetos obligados cumplen al 100 por ciento (1.58%) con tener un portal y toda la información completa y actualizada: el propio Infoqro y el Hospital Teletón; 15 cumplen parcialmente (11.90%), entre ellos: la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE), la Fiscalía del estado y el Poder Judicial; 52 cumplen “muy poco” o la información no está actualizada (41.26%), entre ellos: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la UAQ; y 57, de plano no tienen información (45.23%), entre ellos: el PRI, la CEA y el SUPAUAQ.

El contexto…

Cabe recordar que tras el proceso para homologar la ley federal en la materia con las estatales y establecer la responsabilidad de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información que la propia normatividad señala, en sus sitios de internet y a través de la Plataforma Nacional ha sido largo y complicado; ya que son más de 46 obligaciones de transparencia comunes (art.66 de la ley de transparencia estatal, más las específicas) las que actualmente deben ser acatadas, cuando la legislación anterior contemplaba alrededor de 27 obligaciones comunes.

El Consejo del Sistema Nacional de Transparencia aprobó el 3 de mayo de 2017 las directrices para llevar a cabo la verificación de la información que debe ser difundida en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); además de la manera de  atender las denuncias por incumplimiento a las obligaciones que marca la ley.

Y determinó que ahora “los organismos garantes (la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro, en el caso de nuestra entidad)  realizarán una primera verificación de carácter diagnóstica (del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017) bajo la normatividad de verificación que ellos mismos determinen”, y para ello los sujetos obligados tendrán un plazo de seis meses para corregir los errores que contenga su información, sin ser sancionados.

Después, vendrá una segunda fase de revisiones (del 15 de agosto al 15 de diciembre de 2017) a los portales para verificar si los obligados hicieron caso o no a las recomendaciones de la primera fase… A partir del 2 de enero de 2018 las revisiones que se hagan serán “vinculantes”, es decir obligatorias.

Obligaciones de transparencia…

El artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Querétaro, señala –solo por citar algunos ejemplos- que los sujetos obligados deberán publicar en su portal de internet: tabuladores de remuneraciones, gastos de representación y viáticos; versión pública de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos; listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas; concesiones, contratos, etcétera; licitaciones, etcétera.