La antesala de la impunidad es la inacción

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El reciente asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro en San Luis Potosí vuelve a mostrar el nivel de vulnerabilidad estructural que enfrentamos quienes hacemos periodismo, no importa qué tipo de información o en qué parte del proceso de la noticia nos encontremos.

El caso del colega potosino es ejemplo de cómo las propias instituciones no solo son ineficientes, sino que son cómplices por acción u omisión en los crímenes o agresiones.

Este lunes, y ya de forma tardía, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) acudió a San Luis Potosí para hacerse cargo de las investigaciones por el homicidio del periodista.

Reacción tardía porque eso debieron hacerlo desde el instante mismo en que se denunció su desaparición y familiares y periodistas señalaron a elementos de la Policía Ministerial potosina de estar involucrados; en ese momento la Procuraduría local era sospechosa y por tanto no debía hacerse cargo.

Tardía e irresponsable ha sido la reacción del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que encabeza Juan Manuel Carreras López, pues a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos había exigido medidas cautelares para el periodista por amenazas de los propios agentes ministeriales, simplemente ignoraron la petición.

Inepta ha sido la actitud del secretario de Gobierno Alejandro Leal Tovías y del procurador Federico Garza Herrera; el primero por no haber hecho lo necesario, en su calidad de responsable del Mecanismo local de Protección, para garantizar la vida y la integridad física y profesional de Esqueda Castro; el segundo por haber sido omiso y cómplice al no haber iniciado una indagatoria en contra de los agentes ministeriales involucrados en las amenazas y anteriores agresiones contra el colega.

En su momento el personal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación ofreció su ayuda y acompañamiento al periodista, quien accedió, pero su dinámica cotidiana fue retrasando su incorporación a este organismo del Gobierno Federal, que aún cumpliendo sus obligaciones de atención, no hizo más por mantener el contacto, enviar a su personal a San Luis Potosí y/o ponerse en contacto con las autoridades locales para saber más de la situación de riesgo que Edgar enfrentaba desde junio. Al menos, el Gobierno Federal no ha dicho lo contrario.

Pero lo más grave del asunto, además de que la autoridad potosina no deja de lavarse las manos, en vez de actuar, es que el propio gobernador Carreras López solo ha mostrado arrogancia, desinterés y displicencia; no ha asumido su papel de gobernante y enfrentar un caso grave de violencia. Si sus ministeriales podrían ser capaces de secuestrar y asesinar periodistas, ¿qué puede esperar la sociedad de una corporación que se supone que debe investigar delitos, no cometerlos?

Lástima que luego estos políticos sean de los que agregan en sus discursos políticos esas frases de “mis amigos periodistas” y cuando deben ser gobernantes, actúan como Carreras… desde el clóset.