Empresas, a morir en paz

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Que mejor que estas fechas para hablar de la muerte fiscal de una empresa. El proceso de liquidar una persona moral es complejo y costoso y, por lo mismo, existen miles de negocios que ya no operan, pero que siguen ‘activos’ porque no se pueden dar el lujo de una muerte digna.

Según datos del INEGI, en México, 7 de cada 10 empresas muere durante sus primeros cinco años de vida. Si a esto le agregamos que el costo de disolver una persona moral es 3 veces superior al de constituirla, unos $40,000.00 pesos como mínimo, imagínese usted la cantidad de empresas ‘fantasma’ que siguen engrosando el padrón de contribuyentes del SAT, pero que en realidad no contribuyen.

Esta falta de una ‘muerte digna’ afecta a las personas que iniciaron el negocio pues mientras continúe ‘activo’, persisten las obligaciones de presentar declaraciones e informes a las autoridades fiscales, de no hacerlo, las sanciones pueden acumularse.

El problema se agravó hace algunos años cuando la autoridad fiscal eliminó la posibilidad de que las personas morales ‘suspendieran’ sus actividades de manera indefinida.

Hace algunos años, si una empresa dejaba de funcionar, por la razón que fuera, podía simplemente declararse en suspensión de actividades y con ello, dejaba de tener que invertir tiempo y dinero en el cumplimiento de obligaciones fiscales, hoy ya no es así.

Afortunadamente eso está a punto de cambiar pues Diputados y Senadores están analizando una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que facilitará el proceso de disolución y liquidación de una empresa, logrando además que éste sea rápido y gratuito.

Ahora bien, el proceso no es para todos, es solo para los bien portados que tienen como destino el paraíso pues las empresas incumplidas cuyo destino después de la muerte es más bien el inframundo no podrán aplicar esta facilidad, tampoco queremos que contribuyentes incumplidos evadan sus obligaciones mandando a la tumba a sus empresas, práctica que en el pasado era relativamente común.

Quienes quieran aplicar para esta ‘liquidación simplificada’ tendrán que cumplir con diversos requisitos, entre otros, que tanto las empresas como sus representantes legales se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

Además, la autoridad verificará que las empresas no tengan adeudos ni demandas para finalmente dar paso a la clausura de la sociedad en el Registro Público de la Propiedad.

Falta mucho para que conozcamos las reglas completas de este proceso simplificado de liquidación, pero se trata de una buena iniciativa que busca resolver un problema real para miles y miles de empresarios que invirtieron su patrimonio en un negocio que no funcionó y que lo último que quieren es seguir perdiéndolo en procesos como el de liquidación.

Hasta la próxima semana. @Pacoceb