Auditorías a municipios, ¿información clasificada?

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Mientras hoy podemos escudriñar las entrañas de las cuentas públicas, para conocer el manejo de los dineros públicos en el ámbito federal, gracias a los informes de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al 2016 –y enterarnos, por ejemplo, de los pagos ‘improcedentes’ y ‘excesivos’ por más de 700 millones de pesos de Pemex a la empresa Odebrecht-, la Legislatura de Querétaro mantiene en la congeladora las auditorías practicadas a los 18 municipios del estado por la Entidad Superior de Fiscalización correspondientes al 2015… sí leyó usted bien ¡al 2015!, y que fueron entregadas por la ESFE a los diputados locales en noviembre de 2016… sí, también leyó usted bien ¡las han guardado en el cajón desde hace un año! Lo extraño es que son específicamente los informes de fiscalización de los ayuntamientos los que están “atorados”, porque los relacionados con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los de los organismos autónomos como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO), la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro (TCA); además de los de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro (CEC), el Instituto Queretano del Transporte (IQT), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF), el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), ya fueron aprobados y publicados por el Poder Legislativo en el periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” desde el mes de enero. Ante cuestionamientos de reporteros al respecto, los diputados pusieron como excusa los informes de los alcaldes y del gobernador, lo cual no tendría por qué afectar la publicación de la revisión a las cuentas públicas; asimismo, han argumentado que la ley no marca plazos, lo cuál tampoco es justificación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –en su artículo 116 fracción II sexto párrafo- es muy clara: “Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público”. ¿Estamos entonces ante un uso ¿político? ¿a conveniencia? de esta información? El propio auditor superior de la Federación Juan Manuel Portal señaló en su mensaje –al hacer la ‘Segunda Entrega de Informes Individuales Fiscalización de la Cuenta Pública 2016’, este 31 de octubre, que “La revisión del uso de los recursos públicos constituye uno de los principales contrapesos previstos en nuestro sistema democrático para asegurar la plena división de poderes y el control de la gestión del presupuesto por parte de los representantes de la ciudadanía”. Explicó, asimismo, que como resultado de las revisiones, la ASF hizo mil 587 recomendaciones, 796 pliegos de observaciones, 798 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 238 solicitudes de aclaración y 41 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por consiguiente ¿De qué nos sirve contar en Querétaro con una Entidad Superior de Fiscalización con autonomía, si sus informes sobre el cómo las autoridades gastan el dinero -y si lo hacen de acuerdo con el marco legal- acaba siendo en la práctica un ‘secreto de estado’o ‘información clasificada’…

P.D. “El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias”, Ignacio J. Álvarez.