La primera línea de choque es con los Ayuntamientos

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Hace unos días estuve en una de las regiones más difíciles para el ejercicio del periodismo en el estado de Guerrero, donde la línea entre autoridades constitucionales y poderes fácticos es tan delgada que no se nota.
Comentando con colegas sobre la forma en que hacen periodismo recordábamos una vez más que es en los municipios donde más agresiones se cometen contra periodistas y en la gran mayoría de los casos son funcionarios municipales quienes más agreden a medios y periodistas.
El ejemplo más reciente es el del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien no solo tiene una mala relación con periodistas, se ha dedicado las últimas semanas a descalificar públicamente a dos informadoras que han sido críticas al trabajo del funcionario.
Castellanos Cal y Mayor ha usado los recursos del Ayuntamiento de la capital chiapaneca y plataformas sociales de Internet para criticar y acusar a dos reconocidas periodistas de actuar en su contra.
Quizá el funcionario cree que las y los periodistas tenemos la obligación de hablar siempre bien de lo que por obligación deben de hacer porque para eso se emplearon como servidores públicos.
Puede ser que la crítica le moleste a la mayoría de personas que ocupan cargos públicos y seguro olvidan que el trabajo de quienes informamos es no solo ser críticos, nuestro trabajo es fiscalizar públicamente su actuación; ser los contrapesos que la sociedad requiere para verificar que quienes cobran un salario con dinero público cumplan con su obligación, particularmente quienes llegan a una posición a través del voto.
Chiapas fue la primera entidad en contar con una Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo, publicada hace una década, cosa que el alcalde de Tuxtla Gutiérrez quizá ignore, porque hay sanciones penales y administrativas contempladas en esta ley ante agresiones como las que está cometiendo en contra de las colegas periodistas.
No es cosa menor lo que sucede en aquella entidad del sureste. En los informes que las organizaciones no gubernamentales han hecho sobre agresiones contra periodistas desde 2008 a la fecha, destaca siempre que la mayoría de las agresiones provienen de funcionarios y que entre 70 y 80 por ciento de éstas agresiones las cometen autoridades y policías municipales.
Este es uno de los puntos más delicados de las de por si muchas vulnerabilidades que enfrentamos quienes nos dedicamos a informar a la sociedad.
Y si en un Estado como Chiapas que cuenta con una Ley, ¿qué podemos esperar en entidades como Querétaro donde seguimos sin una ley de Protección?
Tuxtla Gutiérrez no es la única capital estatal donde sus funcionarios municipales se creen con más poder que otros de sus pares de otros ayuntamientos. Se creen superiores porque son los municipios capital y por eso creen que su relación con medios y periodistas es vertical, creen que la prensa debe estar casi a su servicio y hasta creen que pueden decidir a quién invitan y a quién no a sus eventos, a sus acciones y peor aún, creen que pueden decidir a quién si le dan información y a quién no, olvidando que con eso violentan también la Constitución Política del país, porque aunque también el Artículo 115 de la Constitución les da autonomía, ésta no puede estar por encima de las Garantías Individuales, que es donde se encuentran protegidos los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información públicas.
Ya sus enojos por cómo aparecen en la prensa, ya es un asunto de ego, por lo general.
*Periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas