Regular el gasto de comunicación oficial

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Hace unos días el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un dictamen de alta relevancia social, política y jurídica, porque involucra a los tres poderes de la Unión.
El Poder Judicial le ordenó al Poder Legislativo para que legisle a la brevedad para controlar la manera en la que el Poder Ejecutivo realiza gastos en materia de ‘publicidad’ o más bien en gasto de Comunicación Social.
Es un hecho inédito y trascendental, de amplio interés no solo para el gobierno o los medios de comunicación, sino para toda la sociedad, porque por primera vez habría reglas claras en el Gobierno Federal para que se regule y por tanto se de mayor claridad y transparencia a la manera en que se gasta dinero público en la contratación de espacios publicitarios en medios impresos, radio, televisión e Internet para presumir lo que se hace desde la administración pública.
Es relevante que este hecho salga desde el seno de la SCJN, pues en la última década, se han quedado atoradas en el Senado de la República al menos una docena de iniciativas de ley que buscar regular el gasto de la mal llamadapublicidad gubernamental, que en realidad es propaganda y que en 2016, según las organizaciones Artículo 19 y Fundar, ese gasto superó los 15 mil millones de pesos, cifra que por si sola representaría el 75 por ciento del total del gasto anual del Estado de Morelos.
Por eso es importante que haya reglas claras en la forma en cómo los gobiernos deciden gastar dinero público en presumir sus acciones; por eso es importante que se determinen criterios muy precisos y eliminar la discrecionalidad con que las personas que ocupan cargos en oficinas de prensa y comunicación gubernamental deciden a qué medios si y a qué medios no.
El gasto en publicidad ha sido arbitrario y hasta motivo de actos de corrupción. Por ejemplo, según el fiscal Anticorrupción del Estado de Nuevo León, Ernesto Canales, hay una investigación abierta en contra del ex vocero del ex gobernador de aquella entidad, por haber contratado servicios publicitarios fuera de toda norma legal por más de 400 millones de pesos.
Es un hecho que las empresas de medios son eso, empresas y como tal son un negocio que debe buscar la forma de allegarse de recursos para mantenerse en el mercado, pagar sus procesos de producción, sus nóminas y la publicidad es una de esas formas de generar ingresos.
Sin embargo, es claro que en México las empresas de medios se han conformado mayoritariamente a solo contratar publicidad gubernamental o al menos darle mayor importancia sobre la publicidad comercial o privada, lo que en muchos tristes casos ha convertido a periódicos, revistas, estaciones de radio, televisoras y ahora medios digitales prácticamente en reproductores de discursos oficiales.
Una ley de gasto publicitario serviría para acabar con ese lamentable sistema gubernamental de premiar a los amigos y castigar a los enemigos y sobre todo tejer redes que solo han favorecido los atentados en contra de la libertad de expresión para el argumento de que “si me criticas te quito la publicidad”.
Una ley en esta materia ayudaría a las empresas a ser más competitivas y buscarotros ingresos publicitarios no gubernamentales y eso le otorgaría de facto mayor autonomía ante el poder.
Esta decisión de la Corte es un buen inicio para controlar el gasto de comunicación del Gobierno Federal, ojalá y también se lleve al gasto en los Estados y Municipios, donde a veces las reglas del dispendio u discrecionalidad son peores que a nivel Federal, sin importar el partido que ocupe el gobierno.

Periodista, autor del ‘Manual de Autoprotección para Periodistas’