Juez retira orden de detención contra el expresidente Carles Puigdemont

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Un juez español retiró el martes las órdenes de detención europeas que pesaban sobre el cesado expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno.

Un vocero del Tribunal Supremo dijo que los cinco pueden ser arrestados si regresan a España porque se les busca por delitos relacionados con la independencia de Cataluña.

El magistrado Pablo Llarena dijo que las órdenes de arresto individuales europeas no se aplican a un delito cometido como parte de un grupo más grande y en que se ha demostrado su “intención de regresar a España” para presentarse a las elecciones que se celebrarán en Cataluña el próximo 21 de diciembre.

Sin embargo, el abogado belga de Puigdemont dijo que el líder separatista no planeaba regresar de inmediato. “Por el momento, permanecerá en Bélgica”, dijo el abogado Paul Bekaert a la red VTM, y añadió que daba por sentado que finalizaba el proceso de extradición.

Los cinco catalanes deben responder a cargos de rebelión, sedición y malversación por sus papeles en un referendo ilegal por la independencia en octubre que derivó en la declaración de independencia por el Parlamento regional. Estos delitos se castigan en España con décadas de prisión.

El vocero del tribunal español, quien habló bajo la condición reglamentaria de anonimato, dijo que la decisión del juez se aplica a las órdenes de arresto europeas e internacionales, no las españolas.

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El fallo del martes aparentemente dejaba en el aire la batalla en Bruselas por la extradición de los cinco catalanes. Se había anunciado que habría una decisión el 14 de diciembre, pero la procuraduría belga dijo que analizaba la nueva situación.

El juez belga tenía la opción de rechazar el pedido de extradición español, acceder a él o reducir el número de delitos por los cuales se les podía juzgar.

El juez de la Corte Suprema mencionó esa posibilidad en un documento emitido el martes en el cual retiró las órdenes de arresto. La responsabilidad debe ser compartida por todos los acusados, dijo Llarena en su documento, y añadió que la disminución de cargos provocaría una “distorsión” con aquellos afectados por la investigación en España.

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