Entre la espada y la pared

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Ya desde hace tiempo que en el poder Judicial, en materia fiscal, se observa una clara inclinación a resolver a favor del Estado para proteger la recaudación. Quedaron atrás los tiempos de los impuestos declarados inconstitucionales, o los legisladores (SHCP) mejoraron notablemente en su trabajo, o ahora están ‘apoyados’ por el Poder Judicial.
Los ejemplos son muchos: IETU, deducción parcial de prestaciones exentas, tope a las deducciones personales, contabilidad electrónica, operaciones simuladas (69-B), etc. Cuando llegue su abogado, en 2019/2020, y le diga que la reforma fiscal de Margarita (las damas primero), ‘Pepe’, Andrés o Ricardo, es claramente inconstitucional, no le crea, no tiene caso, si bien puede tener la razón, los jueces no se la darán.
Así se han venido confirmando las reformas fiscales de 2014 y lo último, seguramente no el ejemplo más importante, es la reiteración de que las deducciones personales de las personas físicas, para que sean deducibles, deben pagarse (sin importar el monto) mediante “cheque nominativo, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.” 
Este requisito no sonaría tan severo si no fuera porque en muchos casos resulta imposible de cumplir. Si bien la situación ha mejorado pues varios doctores ya reciben pagos con tarjeta, la realidad es que a tres años de dicha reforma, muchos siguen aceptando como única forma de pago el efectivo.
Para los ministros de la SCJN esta fácil, concluyeron que “los médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos deben contar con terminal bancaria y aceptar pagos a través de transferencias o cheques, para que sus clientes puedan deducir los gastos generados por sus servicios”.
Desafortunadamente el ‘deben’ expresado por los ministros es más un llamado a la ‘ética-fiscal’ de los doctores, que la expresión de un ‘deber legal’ que éstos tengan para poner a disposición de sus pacientes una forma de pago que no sea el efectivo. Si bien para el SAT no hacerlo es una “práctica fiscal indebida”, la realidad es que no existe norma que los obligue.
Digo, si se tratara de artículos de oficina simplemente cambiamos de proveedor, pero cuando se trata de los servicios de un doctor, la confianza en sus capacidades profesionales supera cualquier deseo de pagar menos impuestos, o mejor dicho, de pagar lo que justamente nos corresponde.
Ni hablar, no seamos llorones, mucho antes que nuestras quejas y nuestras deducciones esta la supervivencia del Estado, la recaudación nacional, que nosotros no lo veamos no es culpa ni del SAT ni del Poder Judicial.

Hasta la próxima semana. @Pacoceb