Revisiones policiales sin orden judicial son legales, determina la SCJN

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Por mayoría de votos, los ministros de la SCJN rechazaron los argumentos de la CNDH para declarar inconstitucionales las inspecciones policiales sin orden judicial

En una de las decisiones más controvertidas de los últimos años, los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la constitucionalidad de la figura jurídica de las inspecciones policiales sin orden judicial o ministerial, siempre y cuando exista sospecha razonable o flagrancia.

Durante su sesión de este martes 13 de marzo, el pleno del Alto Tribunal aprobó por mayoría de votos porciones de tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Javier Láynez Potisek.

Los artículos de dicho ordenamiento fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual argumentó que estos permiten las inspecciones externas y superficiales por parte de policías de las distintas corporaciones de seguridad pública en la investigación de delitos.

El presidente del Tribunal Constitucional, el ministro Luis María Aguilar Morales, afirmó que las inspecciones son una medida proporcional, idónea y con el fin constitucionalmente válido de proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos.

La mayoría de los integrantes de la SCJN coincidieron en que las revisiones policiales son controles preventivos provisionales, que están autorizados no solamente en la prevención o persecución de ilícitos, sino también en su investigación y -por lo tanto- se reconoce la validez constitucional de los preceptos impugnados.

El ministro ponente señaló que la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: cuando el ilícito es evidente a la vista del policía o cuando la inspección es la que lo revela; y añadió que los jueces de control son los que calificarán si dicha revisión fue legal.

Por unanimidad, el pleno del Alto Tribunal avaló la constitucionalidad del artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece el arresto en flagrancia por delitos que requieren de la presentación de querella.

Asimismo, el organismo autónomo argumentó que dicho artículo viajaba el principio pro-persona, la presunción de inocencia y de legalidad; así como las formalidades esenciales del procedimiento y los derechos de seguridad jurídica y a la libertad personal.

Varias porciones de los artículos 251, 266 y 269 de dicho ordenamiento legal fueron aprobados por mayoría de ocho votos, y otras solamente tuvieron el respaldo de siete ministros, por lo que José Ramón Cossío advirtió que no habría votación suficiente para que los criterios del proyecto sean obligatorios para el resto del Poder Judicial de la Federación.

Según el proyecto de sentencia aprobado por el Tribunal Constitucional, los criterios avalados no son aplicables a las inspecciones practicadas en revisiones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público porque corresponden a otros parámetros constitucionales.

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