Nada que celebrar…

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Un 7 de junio más que transcurre, sin que haya nada qué celebrar, a propósito de la libertad de expresión.
He ejercido esta profesión desde hace poco más de 30 años y las condiciones en las que se realiza esta actividad no han variado mucho… y tal parece que no hay mucho interés en que las cosas cambien porque el ‘statu quo’ resulta muy conveniente.
El pasado 8 de marzo, dirigí un escrito a los diputados integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVIII Legislatura de Estado de Querétaro, tras el acuerdo que aprobaron para la recepción de aportaciones y comentarios en la construcción de un proyecto de dictamen de las iniciativas para la protección a periodistas en el estado… tema que hoy parece ya no ser una prioridad para los legisladores.
En el documento, señalé que resulta innegable que la práctica periodística en el estado requiere de garantías para un ejercicio pleno de la libertad de expresión, dadas las condiciones que se han ido presentando, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito local.
El contexto en el que se ejerce esta actividad profesional –si bien en general puede presentar ciertos rasgos comunes- es diferente en cada una de las entidades del país; de ahí la necesidad de partir –antes de que los legisladores aprueben un dictamen en la materia- de un diagnóstico elaborado por profesionales que describa un panorama objetivo y apegado a la realidad sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en nuestra entidad.
Y es que no se trata de simplemente copiar iniciativas de otras entidades, porque elaborar una ley que no considere la situación imperante en Querétaro, sería un error; y podría llevar a que la norma que resulte aprobada no resuelva ni garantice un ejercicio periodístico libre, en toda la extensión de la palabra.
A lo largo de los años, la práctica periodística en el estado de Querétaro se ha llevado a cabo bajo un sinnúmero de presiones por parte de las propias autoridades; las cuales consideran que el celebrar contratos de publicidad con los diferentes medios de comunicación, les otorga la facultad de incidir –o incluso decidir- sobre las líneas editoriales: qué se publica, qué no se publica, o cómo debe publicarse.
Estas, llegan –incluso- a determinar si un reportero debe o no cubrir cierta fuente informativa, si puede o no investigar determinados temas; lo que ha provocado que se comentan arbitrariedades y se violen los derechos de los periodistas. Así, las opciones acaban siendo: alinearse, ser despedido o renunciar.
Y no, no se trata de que la Legislatura Local invada esferas que corresponden al ámbito federal; se trata de no considerar que únicamente la delincuencia pone en riesgo a los periodistas y a sus familias, al definir un mecanismo de seguridad. De ahí –insisto- la urgencia de partir del diagnóstico para conocer el tipo de agresiones y riesgos a los que en Querétaro estamos expuestos.
De manera paralela al diagnóstico –el cual debe ser realizado por una institución con experiencia en el tema y que parta de un significativo número de entrevistas a los periodistas de Querétaro, con una metodología definida- sugerí la participación de especialistas a nivel nacional; esto con la finalidad de que la ley que surja de este proceso, esté no solo motivada, sino debidamente fundada; y en apego a las normas internacionales en la materia…
Resulta indispensable que la iniciativa incluya como un derecho de los periodistas, la ‘cláusula de conciencia’, sin que esto implique una invasión al ámbito federal en materia laboral; para evitar presiones hacia los periodistas de los propios medios de comunicación con el fin de que elaboren información que puede resultar contraria a los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad.
Si en verdad se pretende proteger a los periodistas, la ley debe sancionar todas aquellas presiones -directas o indirectas- que las autoridades realicen para silenciar la labor informativa. Hasta entonces, veremos si hay algo que celebrar…