Estado Mexicano violó los derechos humanos de Lydia Cacho: ONU

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El Gobierno de la República tiene 180 días para contestar la resolución de la ONU sobre el caso de Lydia Cacho, quien fue víctima de violaciones a sus derechos humanos

Trece años después, el caso de la periodista mexicana Lydia Cacho ha regresado al foco de atención de la opinión pública del país; luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinara que las autoridades del Estado Mexicano sí violaron los derechos humanos de la autora del libro “Los demonios del edén”, en el cual reveló una trama de explotación sexual infantil en Quintana Roo.

El Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral emitió una resolución en la que exigió que las autoridades mexicanas reparen el daño ocasionado a la informadora, juzguen a los responsables por los abusos cometidos y deroguen de todos los códigos penales los delitos de difamación y calumnia; ya que estos permiten a los poderes político y económico usarlos como arma contra el gremio periodístico.

Fue en 2005, cuando la también feminista y activista por los derechos de las mujeres fue detenida por 10 elementos de las fuerzas de seguridad en Quintana Roo, desde donde fue trasladada en un viaje de más de 20 horas por tierra a Puebla; a lo largo del trayecto, la reportera fue víctima de tortura tanto física como psicológica y de tocamientos; así como de amenazas de muerte.

Un año después, el diario La Jornada dio a conocer un audio en el que se escuchaba la voz del empresario textil Kamel Nacif, quien fue señalado como uno de los responsables de la red de trata y explotación sexual infantil, mientras felicitaba al entonces gobernador priista poblano Mario Marín Torres por el arresto de la periodista por el delito de calumnia.

“Eres el héroe de esta película, papá”, afirmó el empresario en una llamada telefónica que fue grabada a finales de diciembre de 2005. Por su parte, el mandatario estatal poblano emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo: “ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad”.

La ONU concluyó que este caso es emblemático debido a que evidenció las relaciones entre los poderes político y económico, que llegan al extremo de conspirar contra la libertad de expresión en México. “Es sumamente importante y de gran relevancia porque es un caso emblemático y porque las violaciones siguen repitiéndose trece años después”, declaró el representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Jan Jarab.

El Gobierno de la República tiene un plazo de 180 días para responder a la resolución dictada por la Comisión de Derechos Humanos del organismo multilateral, que demandó realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva; juzgar y castigar a los responsables; reparar los daños ocasionados a Lydia Cacho; y abrogar los delitos de difamación y calumnia de los códigos penales federal y estatales.

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