Cuando un ‘toper’ importa más que el Estado de Derecho…

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No… lo importante no es si los legisladores federales comen jícama rallada -en un vasito de cartón- parafraseando al ex secretario de Gobernación y ahora senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong; o si el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, anda cargando su Tupperware con uvas y quesadillas… ¡sinceramente, a mí, eso me importa un bledo!

Más allá de la moda de la “austeridad republicana” -que todos aplaudimos, salvo los políticos que están acostumbrados a la buena vida que se han dado a costa de nuestros impuestos- lo importante son las decisiones que los nuevos legisladores tomen en el ejercicio de sus funciones… simple y sencillamente porque estas repercuten en todos los mexicanos. Y me preocupa bastante, lo que he visto en unas cuantas sesiones.

Pero mi inquietud nada tiene que ver con añorar a la bola de políticos perfumados, con sus trajes de diseñador, lustrados zapatos y relojes de cientos de miles de pesos (dignos de una estrella de Hollywood); y quienes cínicamente han brincado, a través de los años, de una cámara a la otra… y estas representaciones no son la excepción.

Mi desasosiego surge cuando veo que, tanto diputados como senadores, aprueban –por ejemplo- un punto de acuerdo para exhortar a la SEP y al INEE, a suspender la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente -en cuanto a la evaluación del desempeño y a no sancionar- hasta en tanto no sea revisado, y en su caso, reformado el marco normativo que lo rige.

En este momento no se trata de ver si estamos a favor o en contra de echar abajo la Reforma Educativa, evidentemente se trata de respetar el estado de derecho; y lo que aprobaron fue un llamado a las autoridades a incumplir la ley vigente. Ya tendrán tiempo de modificar o hacer nuevas leyes… para eso están ahí; y vaya que Morena podrá aplicar (como en este caso) la aplanadora, para hacer lo que le venga en gana…

Atestiguar, asimismo, que el diputado Azael Santiago Chepi, profesor de carrera y ex líder de la CNTE, haya celebrado la “aprovación” del punto de acuerdo con el siguiente tuit: “Concluimos la sesión en el congreso, y logramos la ‘aprovación’ de un punto de acuerdo, en donde exhortamos a las Autoridades Educativas Estatales y Federales, a suspender de manera inmediata, cualquier proceso de…”, también aflige.

Y no se diga el que otra diputada de Morena hubiera lanzado en redes sociales un video en el que aseguraba: “(…) por mayoría se aprobó, ya no más exámenes compañeros profesores, maestros. Estamos con ustedes”; porque no, eso no fue lo que aprobaron; de tal manera que evidenció su desconocimiento de que un punto de acuerdo no es una iniciativa de ley, sino un mero pronunciamiento sobre un tema en particular… ¡o sea, es como un llamado a misa!

De hecho, la SEP respondió –casi de inmediato- que la evaluación del desempeño de docentes sería como lo establece el marco legal (del 3 al 25 de noviembre), y las autoridades que incumplan incurrirán en responsabilidad administrativa; porque eso también ordena la ley.

Y amenazar, como lo hizo el senador Óscar Eduardo Ramírez, que se violentaría la paz social con toma de carreteras y centros comerciales si no eran canceladas las evaluaciones, es pisotear el estado de derecho; una práctica que en este país ha sido el deporte favorito de los gobernantes.

Baste recordar que en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, elaborado por World Justice Project, México fue ubicado en el lugar 92° de 113 países, posición que implicó –además- una caída de cuatro lugares, en relación con el 2016. Así, en cuanto a adhesión al estado de derecho, nuestro país obtuvo el mismo puntaje que Sierra Leona, Liberia y Kenya…