¿Publicar comunicaciones privadas?

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Reprochable que el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca –en sesión de pleno- haya estado más concentrado en su celular que en la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González, en un momento en el que es indispensable dilucidar si el país está o no en bancarrota; como advirtió López Obrador.
Más censurable aún resulta el que una persona que ha recibido el alto honor de representar a su entidad ante el Senado de la República se involucre –de broma o en serio- en un diálogo vinculado con trata de personas (“Pásame el cel del padrote, no seas gacho, ya me la quiero zumbar”, señaló el mensaje que recibió el legislador vía Whatsapp, junto con una fotografía de una joven en bikini; y al cual respondió: “Ya somos dos”).
Sobre todo cuando la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD) ha acusado a México de ser “un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado”; y porque las personas más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres y los inmigrantes indocumentados.
Así que no hay justificación alguna por parte del legislador, ni disculpa que valga; por muy rodeado que haya estado de compañeros de su fracción parlamentaria (bastante penoso fue ver ahí -justo al lado del legislador, respaldándolo- a Josefina Vázquez Mota y a la senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez; entre otras más).
Pero también, y sin que esto implique defensa alguna hacia el senador, cabría aquí una reflexión sobre hasta dónde puede llegar un periodista, para obtener información.
¿Es legal y ético publicar comunicaciones privadas, como sucedió en este caso, sin que haya un consentimiento de por medio? Especialistas consultados, explicaron que el celular -y por lo tanto las conversaciones en este- forman parte del ámbito privado de la persona; así que aunque se encuentre en un espacio público, no puede ser objeto de intromisión.
Y si bien la Corte ha determinado que “frente a actuaciones de los medios de comunicación en ejercicio de los derechos a expresarse e informar, quienes desempeñan, han desempeñado o desean desempeñar responsabilidades públicas tienen pretensiones en términos de intimidad y respeto al honor con menos resistencia normativa general que los ciudadanos ordinarios” (Amparo directo en revisión 2044/2008), debido al escrutinio público que exige la actividad que decidieron desempeñar; lo cierto es que “mantienen la protección derivada del derecho al honor incluso cuando no estén actuando en carácter de particulares”.
De hecho, al hablar sobre la doctrina del ‘fruto del árbol envenenado’, la que se refiere a “las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita, las cuales impedirán posteriormente en el proceso judicial que puedan ser utilizadas en contra de cualquier persona”; los investigadores José Antonio Martínez Rodríguez y María Angélica Moreno señalan -como ejemplos- la obtención de pruebas vía la vulneración del derecho a la intimidad y del secreto de las comunicaciones .
¡Las libertades de expresión y de prensa consagradas en la Constitución tienen límites… y los periodistas también estamos obligados a respetar la ley!