Carta para el vocero (casi) presidencial vol. 2

0
64

Déjame referirme en esta ocasión a las declaraciones que hiciste hace una semana durante un foro en la Cámara de Diputados:
Hablaste de “crear fondos de ahorro para los periodistas que no estén en manos de las empresas. Crear digamos también fondos de pensiones, que puedan digamos suscribir los periodistas freelance que no tiene seguridad social”.
Esta afirmación la hiciste al hablar de las pésimas condiciones laborales y profesionales en que las y los periodistas realizamos nuestra labor, los que no somos “fifí”, agregaría yo.
Destaco justo lo entrecomillado, que es la transcripción de tu mensaje.
Déjame decirte que las y los periodistas somos los primeros en saber que trabajamos en condiciones lamentables, sin contratos o contratos que convienen al empleador y no al empleado.
Un gran número de periodistas carece de seguridad social, de prestaciones, de días de descanso, horarios, periodos vacacionales, capacitación, seguros de gastos médicos o de vida.
No tenemos condiciones para realizar nuestra labor de forma segura ni respaldo de nuestras empresas en la cobertura de riesgo. Eso ya lo comentaste en el Congreso.
Jesús, quizá no sepas, pero en el país hay 41 registros de leyes vigentes o iniciativas que intentan dar certeza al trabajo periodístico; algunas tienen que ver con temas de protección, otras que otorgan derechos como el secreto profesional o la cláusula de conciencia y otras más de fomento.
De esta última categoría (de fomento) hay tres leyes vigentes (y nueve iniciativas) que resultan una forma de institucionalizar el ‘chayo’ o las prebendas; es decir, generan relaciones perversas porque crean fondos públicos para otorgar beneficios para las y los periodistas sin que haya razón para ello.
Estas leyes de fomento (en Baja California, Guerrero y Morelos) regalan atención médica, créditos de vivienda, préstamos a fondo perdido, seguros de vida, becas escolares y más, que son beneficios que cualquiera quisiera y diría que son buenos; pero no lo son.
No lo son porque salen de fondos públicos que no se otorgan a otros sectores de la sociedad. Es ofensivo para cualquier persona que las y los periodistas tengan este tipo de prebendas.
Y al obvio y esperado reclamo social (que termina por generar desconfianza hacia la prensa), se suman dos consecuencias terribles de estas leyes “chayoteras”:
1.- ¿Qué periodista será crítico al gobierno en turno cuando le dan este tipo de regalos “legalizados”? Con esto pierde la libertad de expresión y el periodismo profesional.
2.- Quienes realmente ganan con estas leyes de fomento son las empresas porque se ahorran mucho dinero dejando de dar lo que por ley deberían dar pagando cuotas al IMSS, al Infonavit, pagando seguros de vida, entrenamiento y demás prestaciones.
Y tú, estimado colega Jesús Ramírez propones crear un fondo de ahorro para periodistas que no manejen las empresas. ¿Y quién lo va a manejar entonces?, ¿el gobierno? Eso es institucionalizar el chayo.
Y quieres también crear un fondo de pensiones para periodistas freelance, que sí, es el sector más desprotegido y te lo digo porque he sido periodista freelance muchas veces; pero también debes saber (quizá no lo sepas), que la misma ley de pensiones permite aportaciones voluntarias de cualquier persona y más para quienes no tienen ingresos fijos o empleo formal.
¿Crear un fondo de pensiones para periodistas freelance garantiza que el gobierno respete su independencia o les amenazará con “cerrarles la llave” si como independientes publican historias de corrupción?
No estimado Jesús, esa no es la forma ni de respetar a las y los periodistas ni de generar una buena relación con el gobierno entrante que será además el que llega con la mayor legitimidad en nuestra historia cuasi democrática.

PD. Jesús, dile a quienes ocuparán altos cargos en el gobierno que respeten a periodistas y no les convoquen si después de leer un discurso no van a responder a las preguntas, como lo hizo este lunes Marcelo Ebrard Casaubón.

* Periodista, autor del ‘Manual de Autoprotección para Periodistas’ y de la ‘Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia’