Carta para el vocero (casi) presidencial vol. 3

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Estimado Jesús Ramírez Cuevas

El 31 de diciembre de 1975 se hizo una adecuación a la ley de premios, estímulos y recompensas civiles para instaurar el Premio Nacional de Periodismo e Información que por primera vez entregó el entonces presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, el 7 de junio de 1976.
A partir de allí comenzaría una larga historia de 26 años de una perversa relación entre el poder y la prensa; una especie de amasiato violento donde el poder premiaba a los amigos, a la “buena prensa” con este premio.
Y no es que entre 1976 y 2001 no se haya entregado este premio a buenos y buenas colegas, claro que sí, pero en general se trataba de una dádiva gubernamental en ese intento de controlar a medios y periodistas; dictando, veladamente, cuál debía ser la línea editorial si es que se aspiraba a recibir ese premio.
Este mal síntoma encontró rápido eco en los gobiernos estatales; algunos siguen entregando su premio estatal de periodismo a los amigos.
La relación se desgastó, la escalada de violencia contra medios y periodistas que iniciara con el asesinato de Manuel Buendía en 1984 y la omisión del Estado para atender el tema fueron determinantes.
Al inicio de su gestión, Carlos Salinas de Gortari ordenó a todos los jefes de prensa del gobierno federal poner fin a la entrega de dinero de manera directa a las y los reporteros, el chayo pues, y lo institucionalizó para beneficio de las empresas a través de convenios de publicidad.
No acabó la corrupción hacia la prensa, solo se privilegió a los dueños que nunca mejoraron los ingresos de sus periodistas que encontraban en “el sobre” el complemento salarial.
La presión llegó al punto en el que en 2001 periodistas y organizaciones sociales exigieran un nuevo modelo para premiar el periodismo de calidad, sin la intervención del Estado, que fuera un premio que reconociera el periodismo profesional, valiente y de denuncia. Así nació el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo que a partir de 2002 ha entregado la presea entre iguales.
En los últimos 16 años se ha reconocido ese periodismo independiente y profesional que ya no alaba al gobierno, más bien indaga sus corruptelas.
El Consejo Ciudadano ha escalado incluso para convertirse en un organismo autónomo involucrado en la defensa y protección de periodistas y que participó activamente en la instalación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Consejo Ciudadano del PNP también le apuesta a la capacitación y actualización de periodistas. Actualmente, por ejemplo, soy asesor en un curso de cobertura de desastres convocado por el Consejo, junto con otras instancias.
Y tú, estimado Jesús, has dicho públicamente en al menos dos ocasiones que el próximo gobierno va a apoyar el periodismo de investigación y que crearán un fondo con recursos públicos para apoyar proyectos de investigación periodística que la administración de Andrés Manuel López Obrador considere importantes y relevantes.
Y es aquí donde debo preguntarte, estimado colega:
¿Con qué calidad moral el gobierno federal entrante se asume como jurado a priori para definir qué tema es o no importante para la investigación periodística?
¿Por qué el próximo gobierno cree que tiene la capacidad, conocimiento y experiencia para calificar proyectos periodísticos?
¿Por qué el gobierno federal cree que pude “impulsar” una actividad que nos compete a las y los periodistas?
Dime, estimado Jesús, ¿qué diferencia hay entre querer fondear con dinero público el trabajo de periodistas y el modelo que premiaba a los amigos desde el poder autoritario del viejo régimen que dicen ustedes van a terminar de desaparecer?

* Periodista, autor del ‘Manual de Autoprotección para Periodistas’ y de la ‘Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia’