¿En qué quedó la liberación del derecho de vía del TAV?

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La semana pasada, el gobernador del estado Francisco Domínguez declaró que es más fácil que la iniciativa privada invierta en la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro (TAV), que en el Tren Maya; uno de los principales proyectos anunciados por López Obrador. Y explicó que en la reunión que sostuvo con el presidente electo, este le preguntó si había datos en relación con el derecho de vía.
Al respecto, cabe retomar lo que Códigoqro publicó en agosto de 2017, a partir de la revisión a la cuenta pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fiscalizar el uso de los recursos autorizados a la SCT para pagar a los beneficiarios de la liberación del derecho de vía.
La ASF concluyó que los 911 millones 620 mil 700 pesos reportados como ejercidos correspondieron a un avance del 57.9% del pago total de la liberación de los derechos de vía; y determinó que existía un importe pendiente de pago, estimado en 663 millones 036 mil pesos (equivalente al 42.1%). El monto total por pagar por este concepto, ascendió a mil 574 millones 656 mil 700 pesos.
La auditoría reportó, asimismo, que los recursos destinados a los derechos de vía estaban distribuidos en Querétaro (93.1%), Hidalgo (3.9%) y Estado de México (3.0%); y que habían sido revisados 884 cheques expedidos en favor de las personas que cedieron sus predios para los derechos de vía, por un valor de 579 millones 861 mil 300 pesos; cifra que representó el 63.6% del total de los recursos reportados como erogados para el TAV.
Sobre las acciones realizadas en 2015 para liberar los derechos de vía y las erogaciones de enero a mayo de 2016, la SCT informó que había pedido a la empresa contratada, suspender las negociaciones con los afectados; y confirmó que “por conducto de su Unidad de Asuntos Jurídicos, definiría el procedimiento a seguir con los convenios de ocupación previa y contratos de promesa de compraventa ya firmados por los afectados, así como los pagados en 2014”.
Para junio de 2015, la dependencia no había liberado el 100% de los derechos de vía del proyecto suspendido.
En total serían mil 852 predios sobre los que iniciaría la liberación de terrenos que requería la vía férrea; en 2014, solo 471 predios contaban con los títulos de propiedad o posesión de tierras ejidales, para iniciar el proceso; de estos, en 439 fue pagado el anticipo para la obtención de la “ocupación previa”. En los 32 restantes, en mayo de 2015, estaba en proceso la designación de notario o dictamen de factibilidad de la autoridad correspondiente.
De los 663 millones 036 mil pesos “pendientes por pagar”, en julio de 2015, 343 millones 600 mil pesos fueron de anticipos para la ocupación previa del predio en pequeña propiedad, y 319 millones 931 mil 400 pesos que, al haber sido suspendido el proyecto, fueron reintegrados y enterados a la Tesorería de la Federación.
De pretender llevar a cabo la conclusión del proceso de la liberación de derecho de vía del total del universo de los mil 852 predios determinados, hubiera sido necesario disponer de alrededor de 2 mil millones de pesos del erario público.
Según el reporte de la ASF, la SCT iniciaría las acciones y gestiones correspondientes para que los esfuerzos y valía de los estudios que motivaron el Proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro pudieran “ser capitalizados en un futuro, buscando mejores alternativas de inversión o reutilización”; y en cuanto a los “convenios” o “contratos” de promesa de compra venta ya existentes “la dependencia se reserva su ocupación hasta, en su caso, la reanudación del proyecto”.
Cabe recordar también que, de acuerdo con declaraciones de los propios ejidatarios afectados, los contratos firmados consignaban que si en cinco años no se ejecutaba específicamente el Tren de Alta Velocidad, las tierras les pertenecerían nuevamente…