¿Qué consecuencias traería la revisión de una comisión ciudadana sobre concesiones de MAV?

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No he sido, ni soy, ni seré tapadera de nadie…” aseguró Luis Bernardo Nava Guerrero -el pasado 1 de octubre- al rendir protesta como presidente municipal de Querétaro, e instruir al secretario del Ayuntamiento -Jesús Roberto Franco González- a reunirse con los miembros de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas para que revisaran a “detalle” los expedientes de las polémicas concesiones otorgadas en la administración de Marcos Aguilar Vega.
“Son ciudadanos que no dependen, no cobran (…) en el municipio, y por lo tanto no tienen ese sesgo. Algunos de los expedientes ya han sido revisados, pero no queremos ser juez y parte en este proceso”, declaró el alcalde.
La semana pasada, Franco González confirmó que entregaron ya cinco expedientes a la Comisión; entre ellos, el de la concesión para la instalación de parquímetros y el sistema de bicicletas compartidas, y el de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos no peligrosos.
Entonces en mi mente surgió la gran pregunta: ¿y con qué facultades legales estos ciudadanos emitirán un dictamen, resolución, conclusión o como se le quiera llamar, sobre las concesiones? ¿Qué efectos legales tendrá lo que determinen, más allá de una recomendación? Y es que por más que le busco… nada más no encuentro qué consecuencias concretas –en caso de que existan irregularidades- pueda tener su revisión.
El Reglamento del Sistema Municipal de Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro –aprobado, por cierto, en la misma sesión de cabildo del 25 de julio del 2017 en la que Ricardo Rivón Lazcano, Elvia Julieta Paredón Niño, Luis Mauricio Juárez Sánchez y Carlos Arturo García Estrada rindieron protesta como integrantes de la Comisión, luego de ser designados por un ayuntamiento muuuuy a modo de Aguilar Vega- consigna que “es el órgano ciudadano encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción para garantizar a los ciudadanos el adecuado desempeño de los servidores públicos de la administración municipal”.
Pero, si bien forma parte del Sistema Municipal de Rendición de Cuentas, sus facultades son únicamente: “I. Proponer ante el Comité Coordinador acciones para el diseño y mejora de las políticas públicas implementadas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por conducto de su Presidente, y II. Coadyuvar con la administración municipal en las actividades de vinculación entre el municipio y las organizaciones civiles, sociales, académicas y de profesionistas, para contribuir a la generación de acciones sobre gobierno abierto, presupuesto basado en resultados, sistema de evaluación del desempeño del Municipio de Querétaro”.
El propio reglamento detalla que “El Comité Ejecutivo es el órgano integrado por la Auditoría de Fiscalización, el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas y la Secretaría Ejecutiva, encargado de ejecutar las acciones y las políticas públicas relacionadas con la investigación, prevención, disuasión y detección de los hechos de corrupción, cometidos por servidores públicos del Municipio de Querétaro, en términos de la normatividad aplicable”.
En tanto, el Reglamento de la Comisión subraya -en el artículo 2- que se trata solamente de un “órgano de consulta y participación ciudadana”.
De ninguna manera es mi intención descalificar a ciudadano alguno, me parece que la sociedad solo quiere que no haya impunidad; y –considero- que son quienes tienen facultades legales para investigar y ‘decidir’ el Derecho, quienes deben dar certidumbre de si hubo o no actos de corrupción.