Plan de seguridad de AMLO cataloga a Querétaro con alta incidencia delictiva

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Según el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, las tres regiones en que se dividirá al estado de Querétaro son consideradas con índices delictivos altos

El Plan de Seguridad Pública del próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador contempla –según consta en el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2014” tres líneas de acción: a) Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas, b) La creación de la Guardia Nacional y c) Las coordinaciones nacionales, estatales y regionales.

Previamente, el pasado 17 de octubre, el equipo de transición anticipó que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno contemplaba dividir el territorio nacional en 265 coordinaciones regionales (en el Plan se habla de 266) “con la integración de todas las fuerzas de seguridad bajo un mando único y el número de elementos se determinará en función de la incidencia delictiva de cada zona”, explicó el propio presidente electo.

Para López Obrador esta regionalización fue exitosa en su gestión como jefe de Gobierno: “En cada coordinación regional trabajan de manera conjunta y organizada todas las corporaciones y hay un mando único. Eso mismo que nos funcionó cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo vamos a aplicar a nivel nacional”, declaró.

Asimismo, explicó que la división territorial será con base en tres criterios: coordinaciones con poca incidencia delictiva en las que se destinarán alrededor de 300 elementos; incidencia delictiva no grave, en los cuales se desplegarán 450 elementos, y en tercer lugar las zonas que presentan mayor número de delitos, en las que se dispondrá de hasta 600 elementos.

“En el diagnóstico que estamos haciendo muy profesional, desgraciadamente son mayores las coordinaciones donde necesitamos tener 600 elementos, yo creo que más de la mitad”, lamentó.

Las coordinaciones regionales…

Según el Plan de Seguridad Pública “A cada una de las 266 regiones en que se ha dividido el país, se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley”.

Además, “la designación del número de elementos, personal especializado y recursos de investigación e inteligencia se realizará en función del número de habitantes y considerando la incidencia delictiva y las proyecciones de criminalidad”.

De acuerdo con el equipo de transición, habrá 150 coordinaciones territoriales el primer año hasta llegar a 266 en 2021.

Llama la atención que las tres regiones en las que fue dividido el estado de Querétaro son consideradas, según puede apreciarse en el documento, con índices delictivos “altos”; esto, mientras en entidades del país como el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz –que de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentan un importante número de delitos- sí se considera la existencia de zonas con índices delictivos “medianos” e incluso “bajos”.

Las coordinaciones estatales…

En realidad, es poca la información que al respecto brinda el documento, ya que solo consigna que, en cada una de las regiones, la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango que asista a la reunión.

Y que las coordinaciones estarán formadas por: un representante del Gobierno Federal y uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un ministerio público y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos; asi como miembros voluntarios de la sociedad civil y autoridades locales y municipales.

Los consejos estatales de coordinación deberán reunirse diariamente a “temprana hora”.

A nivel nacional…

En el ámbito federal existirá un mando coordinado del Gabinete de Seguridad que será encabezado por el presidente de la República. Participarán los secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, así como el fiscal general.

El plan de seguridad contempla que el presidente “podrá delegar el mando superior en el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”.

Dicho mando dará seguimiento al plan de acción y tomará las decisiones correspondientes para transmitirlas a los Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo.

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