Ciudadanos podrían estar en mesas de seguridad si no se expone información reservada: Infoqro

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La sociedad civil podrá participar en dichas reuniones si se trata de un “mecanismo de participación ciudadana” en el que se consulten opiniones o se hable de estadísticas.

“Es completamente válido” que voluntarios de la sociedad civil participen en las reuniones de las coordinaciones regionales que establece el plan de seguridad pública que aplicará el próximo gobierno federal, siempre y cuando, no se aborde información que “pueda poner en riesgo la seguridad del Estado o a las personas”, ya que es considerada reservada, puntualizó el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro), Javier Rascado.

Reafirmó que la sociedad civil podrá participar en dichas reuniones si se trata de un “mecanismo de participación ciudadana” en el que se consulten opiniones o se hable de estadísticas, datos generales o elaboración de políticas públicas.

Claro que es como cualquier mecanismo de participación ciudadana abierto, lo único que habría que cuidar es la información que maneja o que se divulga”, dijo.

El artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que “como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación”: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”; “pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física” o “se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público”.

El presidente de Infoqro refirió que todas las leyes estatales van “en concordancia” con la ley federal.

El 26 de noviembre, Códigoqro publicó que, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, contempla que cada una de las 266 coordinaciones regionales en que se dividirá el territorio mexicano, estarán integradas por un representante del Gobierno Federal y uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un ministerio público y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos; así como miembros voluntarios de la sociedad civil y autoridades locales y municipales.

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