¿Ministros militantes?

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El que Andrés Manuel López Obrador haya incluido en la terna que presentará al Senado para sustituir al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz, a Celia Maya García y a Loretta Ortiz Ahlf -ambas profundamente ligadas a Morena- es indudablemente un asunto polémico.
Y no, el punto no es poner en tela de juicio sus conocimientos jurídicos, o si la trayectoria de estas es suficiente para ocupar un lugar en el Máximo Tribunal Constitucional del país; el meollo es analizar las consecuencias de contar con jueces que militen en partidos políticos… especialmente en el que esté en el poder.
Bastante ha trascendido ya en redes sociales la postura ideológica de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Celia Maya, el tuit que subió el pasado 26 de noviembre: “Se extrañan la voz y las palabras del comandante Fidel Castro en las cumbres y otras reuniones de los países del orbe; siempre en la lucha por un mundo mejor, por la prevalencia de los ideales, los derechos del hombre. Siempre en pie de lucha contra el imperialismo. #Reflexion”.
El 28 de septiembre, ya en funciones jurisdiccionales tras la licencia que pidió para competir por el senado de la República como candidata de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, escribió: “Bienvenido a #Queretaro @lopezobrador Presidente Electo de los Estados Unidos mexicanos. Atenta apoyando su proyecto de transformación y regeneración de nuestro país, cómo en los últimos quince años”.
De hecho, en su portal de Facebook señala: “Comprometida con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, Celia Maya ha contendido a cargos de elección popular apoyando a la izquierda”; en cada una de esas ocasiones –es importante subrayar- ha solicitado licencia como magistrada, para luego reincorporarse al no obtener el triunfo.
Nuestra Constitución no impone, para ser ministro, el no pertenecer a un partido político; la española, en cambio -por citar un ejemplo- subraya: “Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos”.
José Luis Brey Blanco, en ‘¿Imparcialidad/neutralidad versus compromiso democrático?’, explica que el jurista español Ignacio de Otto consideraba que esta prohibición obedecía más bien a más a una cuestión de imagen y “de legitimación pública de la judicatura que a una necesidad lógica derivada de la exigencia de neutralidad”.
Y expone las posturas a favor y en contra, en el debate legislativo, de que los jueces puedan tener militancia política: entre los pros, está el que no se les debe impedir el ejercicio de un derecho fundamental; y que el hacerlo, representa una postura conservadora que debe ser superada.
Por otro lado, los argumentos esgrimidos a favor de la prohibición parten de que la militancia implica una lucha política, y un deber de respeto y promoción de los intereses del partido, ajenos a la función jurisdiccional.
Para el académico, Jorge Malem Seña: “Hay que evitar las puertas giratorias por las cuales deambulan jueces que pasan a la arena política y luego regresan a la judicatura muchas veces resentidos al ver insatisfechas sus expectativas y con nuevos y numerosos adversarios políticos, o de representantes políticos que después de vestir la toga de juez pretenden seguir haciendo política”.
Así las cosas ¿hacia dónde queremos ir?