¿Remover los dogmas?

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Cuando escuché a López Obrador, el 2 de enero, anunciar la convocatoria para el reclutamiento de jóvenes para la Guardia Nacional, quedé asombrada… a pesar de que muchas de sus acciones han sido sorprendentes.
No podía creer que el Presidente actuara sin un fundamento legal, dado que la reforma para crear la Guardia Nacional aún no ha sido aprobada por el Congreso.
Incluso, se mostró consciente de que aún no habían sido modificados los 13 artículos de la Constitución: “Queremos que se resuelva lo más pronto (…) Hay un periodo extraordinario convocado con ese propósito para mediados de este mes, y yo creo que los legisladores van a apoyar esta iniciativa.”
Es decir, no lanzó la convocatoria por ignorancia; peor aún, lo hizo porque se siente seguro de que “pasará” y considera el proceso legislativo como un mero trámite… no de balde tiene legisladores que han gritado a los cuatro vientos “¡Es un honor estar con Obrador!”
Aunque parece olvidar que las modificaciones a la Carta Magna requieren no solo del voto de las dos terceras partes de los presentes en el Congreso de la Unión, sino también de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y la de la Ciudad de México.
Pero más allá de eso, su justificación para brincarse olímpicamente al legislativo: “No queremos perder tiempo, queremos avanzar en todo lo que podamos”, resulta preocupante.
A riesgo de ser tachada de “opositora”, “fifí” o “conservadora”, admito que una serie de preguntas me agobian: ¿y el principio de legalidad?, ¿dónde queda lo de que los particulares podemos hacer todo lo que no está expresamente prohibido, y las autoridades solo lo que la ley les faculta?, ¿y la seguridad jurídica?
¿Qué no el respeto al estado de derecho es la pauta para saber si vivimos en un país democrático o en uno donde reina el autoritarismo?, ¿qué no para consolidar la democracia se requiere respetar la legalidad?
Y de pronto encontré algo que parece explicar lo que está sucediendo; se trata de un artículo escrito por el Dr. Jaime Cárdenas Gracia, integrante del Consejo Asesor Electoral, conformado por Andrés Manuel en marzo del 2018.
En el documento titulado “Remover los Dogmas”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM -en 2002- el investigador expuso: “(…) desde el derecho pocas veces advertimos que existen categorías jurídicas tradicionales que obstaculizan los procesos de comprensión de las nuevas realidades.”
“Hay algunos dogmas del derecho constitucional que han tenido en México desde hace mucho tiempo su traducción más burda, simplista y mecanicista. Debemos empezar nuestra discusión por esos dogmas si no queremos retrasar la consolidación de un Estado que sea de derecho y a la vez democrático…” –agregó- y entre estos dogmas incluyó el principio de legalidad.
Luego, parafraseando a Carlos María Cárcova, en ‘La opacidad del Derecho’, sentenció: “Son conceptos y categorías que unidimensionalizan la realidad jurídica, la empobrecen y la reducen. Se nos dice, entre otras cosas, que son necesarios para garantizar la seguridad jurídica, valor o finalidad del derecho que siempre se coloca por encima de otros fines o valores como la libertad, igualdad, pluralismo o justicia y no en relación con ellos, y que acaba por transformarse en un instrumento del statu quo, en una herramienta ideológica que mantiene la correlación de las fuerzas políticas, sociales y económicas, que hace del derecho un obstáculo al cambio y no un promotor de él.”
Cárdenas Gracia concluyó: “El retraso en la comprehensión de las nuevas fronteras del derecho o en el entendimiento de los dogmas, puede propiciar no sólo injusticia, de por sí grave, sino consecuencias sociales o políticas de ingobernabilidad, sobre todo en aquellas decisiones judiciales que aborden cuestiones de trascendencia para el país…”

¿Será? ¿De esto se trata la Cuarta Transformación?… ¡Sigo preocupada!