Las irregularidades en estancias infantiles, según la ASF y la Secretaría de Bienestar

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Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre las estancias infantiles no justificarían la suspensión de apoyos a derechohabientes, dijo su titular

El pasado 20 de febrero, el auditor superior de la federación David Rogelio Colmenares Páramo negó, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, que el organismo hubiera recomendado al gobierno federal detener el pago de recursos a las estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol); a pesar de las observaciones hechas durante la revisión de las cuentas públicas del 2017.

“Estas recomendaciones administrativas que mejoran los procedimientos de adquisición o contratación de servicios, aun cuando hubiera también algunas denuncias, no justificarían en modo alguno la suspensión de apoyos a los derechohabientes como se empezó a manejar en un principio”, declaró.

E incluso ejemplificó: “(Si) detectamos una falla en Pemex, entonces hay que parar la producción de petróleo, es absurdo”.

De hecho, el 29 de junio de 2018, Colmenares Páramo ya había manifestado -al hacer la primera entrega del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados- que “en términos generales, el ISSSTE y el IMSS cumplieron con la meta de ofrecer servicios de atención y cuidado a 227 mil niñas y niños, hijos de sus derechohabientes, y la Sedesol, a 327 mil de infantes de madres, padres y tutores sin acceso a seguridad social”.

“No obstante –dijo- la ASF identificó que la implementación de la política de guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias”, las cuales resumió en cinco puntos: 1) No se dio acceso a todos los menores para los cuales se solicitó el servicio; 2) no se garantizó la integridad física de los niños en todas las estancias; 3) no existió certidumbre de la calidad de los servicios prestados en todos los centros; 4) no se pudo asegurar que todo el personal que brinda atención a los pequeños esté capacitado; y 5) no se pudo constatar si los niños alcanzaron los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para su desarrollo integral.

Por ello, la ASF emitió una serie de recomendaciones a la Sedesol: revisar el diseño del programa para orientarlo hacia la política nacional de atención, cuidado y desarrollo integral infantil; atender a la población que más lo requiere; evaluar el efecto del programa en el acceso y permanencia de las madres, padres solos y tutores beneficiarios en el mercado laboral y en la escuela, así como en el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas, como consecuencia de brindar los servicios de estancias infantiles a sus hijos o niños bajo su custodia.

De acuerdo con una revisión de Códigoqro a la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 de la ASF, en 2017, la entonces Sedesol destinó 3 mil 771 millones 450 mil 200 pesos al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEIAMT).

El subsidio se otorgó -con base en lo que marca la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil- a través de dos vertientes: Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y Apoyo a madres trabajadoras y padres solos.

El programa subsidió el servicio de cuidado infantil de 327 mil 854 menores, de los cuales el 98.6 por ciento (323 mil 288) fueron niños de uno a tres años 11 meses de edad; y el 1.4 por ciento (4 mil 566), de uno a cinco años 11 meses de edad con discapacidad. Un total de 310 mil 968 madres, padres solos y tutores resultaron beneficiados.

Las anomalías según la evaluación de la Secretaría de Bienestar…

El 18 de febrero, la secretaria de Bienestar María Luisa Albores González confirmó que el Programa de Estancias Infantiles continuará, pero con otras reglas de operación: ahora se entregarán directamente a los padres o tutores de niñas y niños registrados en el padrón, mil 600 pesos bimestrales, hasta un día antes de cumplir los cuatro años; y 3 mil 600 pesos cada dos meses para niños con discapacidad, de uno hasta un día antes de cumplir seis años.

Al padrón serán incorporados menores que vivan en municipios indígenas, con rezago social, pobreza extrema, zonas con alto grado de marginación y las zonas fronteriza y turística.

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