¡La verborrea no lo convertirá en estadista, las acciones sí!

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El jueves de la semana pasada -el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador califica al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un organismo corrupto creado para “simular”- la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite dos resoluciones que fortalecen al organismo autónomo.
Los ministros consideran -al resolver dos amparos en revisión (661/2014 y 453/2015) relacionados con las masacres de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas; y 49 personas en Cadereyta, Nuevo León- que el INAI “puede determinar, de un análisis preliminar, si para efectos del acceso a la información, los hechos motivo de una averiguación previa son posibles violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por lo que, de ser así, su contenido no podrá ser reservado y se considerará como información pública”.
Dicho dictamen solamente tiene efectos para el acceso a la información solicitada, “sin prejuzgar ni determinar las conclusiones de la autoridad investigadora; es decir, dicho pronunciamiento no tiene por finalidad acreditar la responsabilidad de los presuntos responsables”.
Cabe recordar que el contenido de las averiguaciones previas es considerado como “información reservada”; sin embargo, la ley contempla como una excepción el que se refiera a violaciones graves de los derechos humanos.
A pesar de ello, tras sendas solicitudes de información, tanto la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) habían mantenido como reservadas las averiguaciones.
El resolutivo de la Corte fue calificado como “histórico” por Artículo 19, el prestigiado organismo que defiende y promueve la libertad de expresión y el derecho a la información en el mundo.
“Con estas sentencias, la SCJN envía un mensaje claro a la ahora FGR (Fiscalía General de la República) de que no se seguirá aceptando la secrecía en violaciones graves a derechos humanos. En este sentido, ambas sentencias fortalecen el derecho que tenemos como sociedad a la verdad, a la información y al escrutinio público de las autoridades encargadas de las investigaciones, así como de las posibles autoridades y actores implicados en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos”, manifestó Artículo 19, a través de un comunicado.
Podríamos reflexionar sobre si en lugar de denigrar a una institución con declaraciones simplistas surgidas más bien del resentimiento, el encono y la animadversión -como lo ha hecho López Obrador- ¿no debería el presidente de la República, por más que sus integrantes hayan sido opacos, utilizar las facultades que tiene para darle al ciudadano más herramientas y obligar, en este caso al INAI, a cumplir con su función; como lo está haciendo el Poder Judicial Federal sobre este tema en particular?
¿Por qué no -en lugar de declarar que el instituto no ha funcionado, que oculta información y que cuesta muchísimo mantenerlo- Andrés Manuel envía, por ejemplo, una iniciativa al Congreso que plasme en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de una vez por todas, esta facultad que hoy han reconocido los ministros?
¡La verborrea no lo convertirá en estadista, las acciones sí!