Volvió la operatividad a la CRE… ¿Y ahora?

Finalmente, como se anticipaba, el presidente López Obrador acabó ejerciendo sus facultades en términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y nombró de manera directa a los cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Por un lado, la noticia tiene un factor positivo: por fin la CRE podrá volver a sesionar de manera operativa y funcional. Por el otro, todo parece indicar que estos cuatro nuevos comisionados son afines de manera casi predeterminada al presidente, a su partido y a su visión de políticas públicas en materia energética. Eso, en un organismo regulador en el que debe imperar la imparcialidad propia de un árbitro, podría llegar a ser desestabilizador y sesgado. Solo podrá comprobarse con el tiempo.
Ahora, el sector energético aún tiene muchos más temas de los que preocuparse y por resolver. El apagón en la península de Yucatán en días pasados es solo un tema crítico de la agenda energética, y lo es por dos motivos: primero, porque viene justo como efecto de una disminución en el suministro de gas natural a la península, que genera su energía eléctrica en sitio, debido a su falta de conectividad de infraestructura; y segundo, porque bajo las condiciones actuales podría volver a suceder en mayor escala y en más lugares.
Existen dos regiones del país aisladas en sus redes eléctricas de transmisión: la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, y Baja California. Entre ellas, el istmo tiene la característica de ser una de las zonas con mayor potencial de energía eólica en el mundo. Esta región, y en general el país, se habría visto beneficiada con la línea de transmisión cuya licitación fue cancelada a finales de enero. Este proyecto habría integrado al Sistema Eléctrico Nacional una enorme cantidad de energía proveniente de fuentes renovables. Su cancelación deja fuera de juego el desarrollo de estos proyectos eólicos y sigue aislando a la península de Yucatán en su dependencia del gas natural. Si el flujo de este gas disminuye, es de esperar que vuelvan los apagones en la península. Es ahí donde vuelve a tener sentido la transición energética.
El tema, al fin, es que el riesgo de los apagones está latente, sobre todo en estas regiones aisladas, y mientras las políticas públicas energéticas del país sigan siendo frágiles y el contexto de la transición energética incierto, el escenario no parece poder mejorar.
El modelo de la transición energética aprobado en el sexenio pasado puede no ser perfecto, pero era una base indispensable y genuinamente confiable para el desarrollo del sector energético del país. En un contexto en el que el país requiere inmensas inversiones en las redes de transmisión eléctrica, el desarrollo de estos proyectos no debe detenerse, ni sujetarse de manera exclusiva a la inversión estatal que, francamente, no alcanzará para satisfacer la necesidad real del país.
El desarrollo de proyectos eólicos y solares, junto con las respectivas líneas de transmisión, es indispensable para inyectar al sistema enormes cantidades de energía limpia, pero, sobre todo, para conectar las zonas del país con mayor vulnerabilidad debido a su aislamiento en materia de infraestructura. Evitar episodios como el de la semana pasada en Yucatán no debiera ser una labor titánica del Estado, sino fruto de una debida proyección de las políticas públicas del sector. La transición energética no debe tratarse como un binomio vocal de moda, sino como una necesidad para el desarrollo seguro y sustentable del país.

*El autor es Maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.