“Aunque se sufra como un perro…”

0
216

No cabe duda que son tiempos difíciles para la prensa; lo que se había avanzado en términos de acceso a la información y derechos de los periodistas pende de un hilo a punto de romperse.
A pesar de que a lo largo de la historia, el periodismo ha sido una actividad ‘ingrata’ -por decirlo de alguna manera- ejercerla hoy implica riesgos de todo tipo. En primer lugar, la inseguridad: del 1 de diciembre al 23 de marzo, seis periodistas han sido asesinados en México; 292 periodistas están sujetos a un mecanismo ineficaz de protección por parte del Gobierno Federal, que –ahora se sabe- dependía de una empresa privada.
Aunado a esto, existe lo que los estudiosos han calificado como “precariedad laboral”: largas jornadas, bajos salarios, escasas o nulas prestaciones; además de que la estabilidad en el trabajo depende más de presiones políticas y líneas editoriales trazadas en función de convenios de publicidad, que de la calidad del trabajo que se realice.
Asimismo, el periodista se enfrenta al juicio constante de ciudadanos que -a veces con razón, pero muchas otras injustificadamente- lo señalan de resultar ‘funcional’ al sistema… no se diga si pueden hacerlo desde el anonimato en una cuenta de Twitter o vía troles pagados con recursos públicos.
Y a esto hay que sumar -ahora- las presiones para que sean reveladas las fuentes de la información publicada, cuando lo primero que un periodista aprende es que “las fuentes son sagradas”; y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró su validez, a propósito de su inclusión en la Constitución de la Ciudad de México.
Cabe subrayar, sin embargo, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no consagra este derecho expresamente, pese a ser inherente a la libertad de expresión; pero sí está contemplado en normas internacionales.
A diferencia de áreas como la Medicina, la abogacía y el sacerdocio -en donde el secreto profesional es un deber y se refiere al resguardo de contenidos-, en el periodismo surge por razones de ética y profesionalismo, y no es una obligación como tal para quien lo ejerce.
En la entidad -por cierto- contamos con una Ley que establece el Secreto Profesional Periodístico en el Estado de Querétaro, vigente desde julio de 2012.
El artículo tercero de ésta consigna que: “El periodista y el colaborador periodístico tienen el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva. Este derecho afecta igualmente a cualquier otro periodista, responsable editorial o colaborador del periodista, que hubiera podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo profesional la identidad de la fuente reservada”.
El secreto profesional comprende, entre otras cosas, que “el periodista o el colaborador periodístico al ser citado para que comparezca como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, pueda reservarse la revelación de sus fuentes de información y a petición de la autoridad, ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico”.
Y que “no sea requerido por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística”.
“El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser asegurados y/o intervenidos ni policial ni judicialmente”, subraya el artículo 8.
El secreto profesional de los periodistas -sin lugar a dudas- forma parte del derecho a la libertad de prensa y de información… ¡en los Estados que se precien de ser democráticos!

P.D. “Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo”. Gabriel García Márquez.