¿Viles oficinas de propaganda y promoción?

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“Funcionarios de la Procuraduría dejaron de atender el principio de neutralidad para intervenir como actores en la comunicación política dentro de un proceso electoral, y esta es justamente una conducta perniciosa que debe ser siempre advertida por la autoridad, y sancionada para blindar a nuestra democracia de la influencia del poder público”; sentenció la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, durante la Sesión Pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , el pasado 15 de mayo.

Esto, a propósito de los comunicados y el video difundido el 28 de febrero de 2018, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Alberto Elías Beltrán; los que daban cuenta de que Ricardo Anaya Cortés había acudido a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a presentar un escrito para que se le informara si estaba siendo investigado por algún delito; en medio de publicaciones que lo vinculaban con un supuesto lavado de dinero en la venta de una nave industrial en El Marqués, Querétaro.

La Sala Superior ratificó el fallo emitido por la Sala Especializada, en el que determinaba que sí había una infracción y un uso parcial de recursos públicos en la PGR que podían afectar la equidad en la contienda electoral; por parte del titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, y del Director General de Comunicación Social, Rafael Lugo.

Cabe recordar que en noviembre del 2018, la SEIDO exoneró de dicha acusación al excandidato presidencial de la coalición “Por México al frente” integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Varias son las reflexiones que pueden hacerse a partir de lo anterior -independientemente del actor político y del partido al que pertenezca- en relación con las áreas de comunicación social de los gobiernos: ¡de los tres poderes… y de los tres niveles!

De hecho, en la misma sesión, los magistrados del TEPJF resolvieron otro asunto -también vinculado con el área de comunicación social, pero de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal- por la difusión de un video en sus cuentas oficiales en redes sociales, de la “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024”; en el que apreciamos al Presidente de la República, y hacía referencia al partido Morena.

En este asunto –por cierto- determinaron que había responsabilidad por parte del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y de su director general de Comunicación Social, Héctor Gustavo Armenta Sosa, “por incluir el emblema y las siglas del partido Morena, en dicha propaganda gubernamental; no así por parte de López Obrador ni de su partido…

En ambos casos violaron el artículo 134 de la Constitución. En el de la PGR, el Tribunal concluyó que “los comunicados incumplieron con las finalidades institucionales de la Procuraduría y, con sus protocolos de comunicación institucional en contravención al principio de imparcialidad en el ejercicio de las funciones de gobierno, además de que no existió justificación en la manera en que la dependencia desarrolló sus actividades de Comunicación Social en el contexto del caso concreto, respecto a difundir la presencia en sus oficinas, de un aspirante a la Presidencia de la República”.

Estamos, pues, ante una perversa deformación del propósito de la áreas de comunicación social; las cuales se han convertido -en los hechos- en diligentes, pero viles, oficinas de propaganda y promoción de los gobernantes en turno…¡con recursos públicos!

Y sí, hablo en presente; pese a lo argumentado en la sesión por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el sentido de que “era común que el ejercicio de las funciones instituciones del Estado se entremezclaran constantemente con las elecciones, ya que el control de las instituciones les generaba una ventaja en las campañas y en las elecciones y, a su vez, permitía la permanencia en el poder y el control de las instituciones”, porque la Cuarta Transformación sigue dando muestras de que estas prácticas continúan…