Debates hídricos

Daniel Alejandro Bocanegra Osornio

El 8 de febrero de 2012, a través de la adición del párrafo sexto al artículo 4 constitucional, se reconoció el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento del agua en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible para consumo personal y doméstico. Desde esta perspectiva, el Estado mexicano está obligado a adoptar las medidas y condiciones necesarias para la consecución de tal fin legítimo, no solo desde la perspectiva de generación de infraestructuras, sino de creación del andamiaje jurídico, administrativo y presupuestal, e incluso a aplicar las acciones necesarias para que ninguna persona limite el acceso al agua.
A partir de tal retórica constitucional, es importante analizar el decreto publicado en el DOF el 1 de julio de 2019, emitido por el presidente de la República, que establece facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones para el aprovechamiento de aguas nacionales, particularmente para garantizar el acceso del agua a grupos indígenas, afromexicanos y en general hacer asequible el abastecimiento del agua a comunidades que hoy en día sufren de la carencia del agua en condiciones dignas.
Más allá de que este decreto desde luego es plausible, deja entrever la voluntad del gobierno federal de limitar la participación de organismos operadores privados en la administración y provisión de recursos hídricos a la población, pues particularizó el hecho de que las concesiones de aguas nacionales destinadas a uso público urbano deberán promoverse por entes públicos eminentemente, dejando a un lado la intervención que en infraestructura y servicios pudieran ofrecer los entes de la iniciativa privada.
Desde el comienzo del primer periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura en el Senado, Martí Batres dejó entrever la tendencia del nuevo gobierno a la “NO PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA”, desde una óptica donde se advertía que los organismos operadores privados lucran a costillas de un derecho humano que en todo momento la administración pública debería asumir, enriqueciéndose de la necesidad de la población de acceder al vital líquido en condiciones salubres e higiénicas.
Las autoridades, a la luz del mandato constitucional, deben garantizar, respetar, promover y proteger el derecho de todas las personas al acceso, disposición y saneamiento del agua; sin embargo, esto de ninguna manera debe observarse desde un punto individual y limitativo, en donde el Estado acapare la responsabilidad de conducir el agua a todos los hogares del país, lo que podría traer consigo reducir la eficacia de la prestación del servicio.
Así, las decisiones del Ejecutivo y Legislativo federales nos dejan un cuestionamiento al aire: ¿los organismos operadores públicos serán capaces de satisfacer las demandas de una población que hoy más que nunca está ávida de acceder al vital líquido? La ausencia de estudios técnicos financieros rigurosos podría traer consigo la inconformidad vía constitucional y contenciosa administrativa de aquellos entes del sector privado que se consideran apartados de la rectoría hídrica en el país.
No queda más que esperar el contenido de la nueva Ley de Aguas Nacionales, sobre la cual, dicho sea de paso, ya iniciaron los foros regionales en el mes de mayo.

*Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y
asociado en la firma Ballesteros & Mureddu S.C.