Presidencialismo a la mexicana…

No me cansaré de decirlo: el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como eje principal del gobierno de la Cuarta Transformación, la discrecionalidad; así, sus decisiones obedecen más a un criterio personal, que al marco jurídico que nos rige…

La polémica Ley Nacional de Extinción de Dominio, por ejemplo, establece la posibilidad de la venta anticipada de los bienes vinculados con diversos delitos -sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal- “en favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Fiscalía General de la República y los gobiernos de las entidades federativas y municipios; según lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República”, lo que ha generado preocupación.

Al respecto, en la rueda de prensa mañanera, el mandatario simplemente dijo: “hay un mecanismo que se está proponiendo, que va a consistir en que un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal; puede seguir el juicio. Si resulta que esa retención del bien era injusta de inmediato el Instituto le paga el valor del bien a la persona”.

Esto, luego de subrayar que “es algo importantísimo, porque lo que se confisque por delincuencia, sea común o de cuello blanco -todos los bienes que se confisquen-, de inmediato, se van a entregar al pueblo; ya sea dinero o bienes, con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.

Y cuando habla de inmediato… es verdaderamente rapidito: “se está procurando con la legislación que no se tarde mucho tiempo el proceso para devolverle al pueblo estos bienes”, advirtió. Baste recordar que antes de que la ley fuera aprobada, en el mes de mayo, anunció que cada 15 días habría subastas con los bienes decomisados.

¿El argumento? “Porque si no, ese bien se puede mantener por años y se deteriora, y el Estado además tiene que pagar, utilizar recursos para su mantenimiento, para su vigilancia”, considera.

De modo que lo consignado en el artículo 14 de la Constitución, de que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”, importa un cacahuate; al igual que el que se pongan en riesgo la presunción de inocencia y la propiedad privada.

Así las cosas, el mandatario hace lo que quiere, dice lo que quiere y como quiere; incluso, poco le importa ser puntual y preciso en el lenguaje; aunque él sea el presidente de la República y sus declaraciones sí importen… e importen mucho.

Muestra de ello es su insistencia en hablar de los bienes “confiscados”, cuando expresamente el artículo 22 de la Carta Magna lo establece (“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.”) ¡Y ni modo que nadie le haya explicado la diferencia entre “confiscar” y “decomisar”!

Y del “Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, mejor ni hablamos; solo reproduciré sus palabras: “los opositores nuestros querían cambiarle el nombre, se enojaron mucho porque ya habían votado para que no se llamara así; no sé por qué les molesta tanto, no les gustaba el nombre, pero ¿a poco no está bien el nombre? Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (…) Fíjense, parecen cosas menores de forma, pero no, la forma es fondo, porque es la condena al robo, estigmatizar la corrupción”.

Es pues, necio hasta el cansancio… y él mismo lo reconoce: “¡Somos perseverantes!”, “¡Me canso ganso!”; lo cual necesariamente evoca al viejo presidencialismo a la mexicana, magistralmente descrito por Jorge Carpizo… sí, ese ejercicio del poder que caracterizó el reinado del PRI, que creíamos haber superado… y que tanto aborrece el propio López Obrador.