Entre las víctimas de violación y la objeción de conciencia…

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, la semana pasada, avalar la ‘Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención’, emitida el 16 de abril de 2009 e impugnada por los estados de Baja California y Aguascalientes; lo que ha generado una gran polémica.
La norma obliga a que las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica practiquen un aborto cuando la víctima interesada simplemente presente un escrito, bajo protesta de decir verdad, de que dicho embarazo ha sido producto de una violación; en el caso de menores de 12 años, la solicitud deberá realizarla su padre, madre o tutor. El requisito de “la autorización previa de la autoridad competente (ministerio público)”, se elimina.
Y si bien con lo anterior se garantizan los derechos de las mujeres víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, lo cierto es que -y es importante subrayarlo- la NOM también contempla el que “Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento”.
Por ello, agrega: “Las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad”.
Para Koldo Martínez Urionabarrenetxea, en ‘Medicina y objeción de conciencia’, esta se refiere a “la negativa de un profesional a ejecutar un acto médico o a cooperar directa o indirectamente a su realización porque a pesar de haber sido aprobado por las normas legales, es considerado por el profesional como contrario a la moral, a los usos deontológicos o a las normas religiosas”.

Según el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud: “El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley (…) El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral”.

Aunque advierte: “Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional”.

De enero a junio de 2019, el número de emergencias 911 recibió un total de mil 895 llamadas relacionadas con incidentes de violación en el país; de estas, 362 se dieron en la Ciudad de México, 266 en Nuevo León y 192 en el Estado de México. Querétaro se colocó en la décima primera posición, con 45 llamadas; lo anterior de acuerdo con la ‘Información sobre violencia contra las mujeres’, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el mismo periodo, las 32 fiscalías y procuradurías de los estados reportaron al SESNSP 6 mil 594 presuntas violaciones simples y mil 870 equiparadas que constan en carpetas de investigación iniciadas en las agencias del ministerio público. Nuestra entidad dio cuenta de 196 violaciones simples y 44 equiparadas.
Sobre la violación, el Código Penal para el Estado de Querétaro refiere: “Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá pena de 5 a 12 años de prisión. Se entiende por cópula, la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal…”
También señala: “Se equipara a la violación y se sancionará con pena de 12 a 30 años de prisión al que: I. Realice cópula con persona menor de catorce años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo (…)”