Peña Colorada, el fruto apetecido

Desde el 2007, los ejidatarios propietarios de los terrenos de Peña Colorada han denunciado fuertes presiones para vender sus tierras a precios por debajo de su valor real

Peña Colorada, esa zona de protección ecológica que en el municipio de Querétaro abarca cerca de 3 mil 500 hectáreas, representa una superficie captadora de agua y de infiltración para la ciudad; es un relicto de bosque tropical caducifolio, un área productora de oxígeno en la que han sido identificadas 257 especies de plantas y 171 de fauna.

Esta franja del cinturón verde de la ciudad de Querétaro, perteneciente a las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Epigmenio González, ha sido foco de atención desde hace casi dos décadas… y un fruto muy apetecido para el sector inmobiliario.

Los riesgos a los que ha estado expuesta la zona por cerca de 20 años, han sido documentados por ecologistas y medios de comunicación. Hoy, cuando autoridades estatales y federales aseguran que están trabajando para que Peña Colorada -finalmente- se convierta en un Área Natural Protegida, resulta vital retomar algunos momentos clave que se han presentado en relación con esta porción de tierra.

El recuento…

En noviembre del 2001, durante la administación del entonces presidente municipal, Rolando García, el ayuntamiento de Querétaro aprobó un acuerdo para declarar como Área Natural Protegida -con categoría de zona sujeta a conservación ecológica- a Peña Colorada, por ser de interés público; pero, el municipio no notificó de manera personal la determinación a los propietarios de los predios.

El acuerdo fue publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga hasta marzo del 2005, en el gobierno de Armando Rivera; y tras la notificación a propietarios y poseedores de predios comprendidos en la zona, algunos de ellos impugnaron el decreto vía amparo, y ante el Tribunal de lo Contencioso…

De forma por demás extraña, esa administración -en la que según datos de ambientalistas aportados en esa época- se dieron cambios de uso de suelo en más de 30 millones de metros cuadrados, el 80 por ciento de estos en zonas de conservación ecológica, para uso urbano- perdió todos los juicios por omisiones tales como contestar fuera de plazo, presentar documentos sin firmas o porque funcionarios firmaron sin acreditar personalidad, etcétera.

Así, el Contencioso echó abajo -también de manera sorprendente- toda la declaratoria de Área Natural Protegida; no solo la extensión correspondiente a quienes se opusieron, que era alrededor de una tercera parte del área protegida…

Los ejidatarios..

En mayo de 2007, esta periodista realizó y publicó entrevistas con ejidatarios del lugar -que a continuación se retoman-, quienes denunciaron las presiones de que fueron objeto para vender sus tierras a precios por debajo de su valor real: “Se empezaron a acercar algunas personas acosando a los ejidatarios, que si no venden, el gobierno se los va a quitar”, aseguraron.

Narraron incluso que fue tal la presión, que en una asamblea, más de 360 ejidatarios, de los 365 propietarios del uso común del ejido más grande y más antiguo del país, accedieron a vender su tierra en alrededor de 250 mil pesos por hectárea a inversionistas que llegaron con “maletas llenas de dinero”, quienes dieron enganches de 20 mil pesos.

Algunos de ellos decidieron impugnar la asamblea ante la Procuraduría Agraria, argumentando diversas irregularidades, entre ellas, complicidad de autoridades. Los negociadores fueron, según dijeron, Diana Pérez y Jorge Flores Cacho.

Entonces, pidieron al gobierno estatal que adquiriera los terrenos para declarar la zona como ecológica y que a los ejidatarios se les pagara un precio más justo.

Los inversionistas…

En junio de 2007, Jorge Flores Cacho aseguró a quien escribe, que su interés en la zona era para evitar que se diera ahí un comercio informal: “Sí me preocupa porque puede ser un desarrollo informal, y también me preocupa porque soy un ciudadano que habita esta ciudad y que, por supuesto, no me interesa que siga el crecimiento informal como los que existen hoy en Santa Rosa ¿no?”.

Entrevistado en un despacho ubicado en bulevar Bernardo Quintana, Flores Cacho aseguró que la venta no se había concretado aún por “elementos externos” que impedían la realización de las asambleas para formalizar la negociación; y confirmó la existencia de demandas en las que se impugnaron las actas en donde se tomaron los acuerdos.

Sin embargo, reconoció que ya se habían hecho algunos trabajos técnicos, como el levantamiento del polígono… Todo esto -aseguró- autorizado en asamblea ejidal.
El intermediario declaró que fueron los propios ejidatarios quienes pusieron el precio a su tierra… “No, no, nosotros no engañamos a nadie el precio lo pusieron ellos; efectivamente nosotros realmente ofrecíamos menos, ellos fueron los que pusieron el precio: ofrecimos 27, 29; y ellos dijeron que nos vendían en 35 (pesos por m2). Llegó otro grupo (de inversionistas) que ofreció 36, pero al final los ejidatarios decidieron vendernos porque ellos no traían el dinero para cerrar la operación ese momento”.

Detalló, asimismo, que “se les dio una aportación de 20 mil pesos por ejidatario, con la idea de que íbamos a celebrar un contrato privado de compra-venta para lo cual ellos facultaron a su comisariado ejidal… Fueron más de 6 millones de pesos”. Posteriormente -agregó- se entregó un cheque de 5 millones de pesos al comisariado.

Sobre el proyecto inmobiliario que pretendían desarrollar en Peña Colorada, Flores Cacho aseguró que mientras no tuvieran el título de propiedad, no podían elaborar el plan maestro para presentar a las autoridades, aunque reveló: “Creemos que puede ser un predio mixto donde se puedan hacer casas habitación con densidades altas (terrenos bastante grandes) y que permitan tener un proyecto factible de crecimiento de la ciudad”.

Cuestionado del por qué construir en terrenos considerados como ecológicos por las propias autoridades, el gestor argumentó que porque los ejidatarios lo pensaban parcelar.

¿Es redituable invertir en terrenos ecológicos nada más para que no lo dividan los ejidatarios?, se le preguntó, a lo que respondió: “No precisamente, o sea, si usted me pregunta si yo tengo la viabilidad hoy para poder desarrollar hoy en ese predio, le puedo decir que no por la presión demográfica de la ciudad y por la presión del crecimiento social y económico de la ciudad; obviamente, ese polígono se encuentra en una de las zonas donde yo considero podría ser viable”.

¿Es decir -se le insistió- se la están jugando en invertir una importante cantidad de dinero… sin saber si van a obtener el cambio de uso de suelo? “Sí…así es…”, señaló.

Finalmente, a pregunta expresa sobre para quién trabajaba, respondió: “Hay un grupo de Guadalajara interesado en el desarrollo de este polígono y hay un grupo de inversionistas de Celaya”, cuyos nombres se negó a revelar; reconoció también que desarrolladores queretanos estaban interesados.

Declaratoria de Peña Colorada como Área Natural Protegida, en 80%: Sedesu