Peña Colorada y el ansiado decreto que no llega

La Profepa advertía que si bien era legal que particulares compraran terrenos a ejidatarios, estos no podrían hacer el cambio de uso de suelo, por ser tierras de preservación ecológica…

Sobre la necesidad de blindar Peña Colorada ante la voracidad de desarrolladores y debido a su importancia como patrimonio natural de Querétaro, desde hace casi dos décadas, diversas autoridades han hecho pronunciamientos, los cuales -tristemente- se han quedado en elocuentes discursos… y solo buenas intenciones.

Ayer publicamos, en la primera parte de este especial, un recuento de cómo -en 2007- los ejidatarios de la zona denunciaron fuertes presiones por parte de intermediarios o gestores para vender sus tierras a precios por debajo de su valor real, y de la intención de inversionistas de desarrollar ahí casas habitación con densidades altas.

Mientras esto sucedía, de acuerdo con el reportaje realizado por esta periodista, el entonces titular de la Procuraduría Agraria, Moisés Moreno Melo, se negó a dar información sobre la venta de estos ejidos y las denuncias por presuntas irregularidades en la asamblea ejidal en donde se eligió a un nuevo comisariado y posteriormente se decidió la venta de las tierras…

En tanto, los ejidatarios acusaban indiferencia o complicidad por parte de las autoridades ejidales, los ambientalistas de Querétaro mostraban preocupación por lo que estaba sucediendo, debido a que -desde el 2005- sabían de inversionistas interesados en adquirir terrenos en Peña Colorada; y así se lo hicieron saber al alcalde Armando Rivera y a su secretario de Desarollo Urbano, Vicente Suárez, pero nunca obtuvieron respuesta, según declaraciones de América Vizcaíno, vertidas en mayo de 2017.

Y recurrieron al gobierno estatal pidiendo una acción conjunta y demandaron a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Consejo Forestal y del Ayuntamiento de Querétaro “ser lo suficientemente fuertes para no caer en la tentación de otorgar el cambio de uso de suelo… de lo contrario, las próximas generaciones pagarían las consecuencias”.

En medio de las negociaciones que los inversionistas llevaban a cabo en ese momento con ejidatarios de Santa Rosa Jáuregui, quien se desempeñaba como subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Gerardo Serrato Ángeles, aseguraba que el gobierno del estado -encabezado por Francisco Garrido Patrón- estaba trabajando para, luego de los fallidos intentos de administraciones municipales, hacer de la declaratoria de Área Natural Protegida una realidad; y que esta abarcara una zona mayor a la considerada inicialmente.

“Estamos trabajando a marchas forzadas, sobre todo en el procedimiento jurídico y en el establecimiento de acuerdos con los propietarios, que es lo más complicado; prevemos que en este año pueda darse este decreto (2007)”.

Asimismo, descartaba que fuera a negociarse “en lo oscurito” con quienes estaban adquiriendo los terrenos, con el fin de que la superficie que estaban comprando quedara fuera del decreto de área natural…

En tanto, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Arturo Eulogio Ortiz Montes, reportaba que había iniciado tres procedimientos en contra de cambios de usos de suelo y particulares que habían provocado daños al lugar, lo que constituía un delito ambiental, aunque no reveló sus nombres.

“Tenemos intervenida la zona (…) toda vez que sí ha habido remoción vegetal en esta área (…) tres procedimientos; uno de ellos es de 540 mil metros cuadrados. Estamos imponiendo una sanción equivalente a 285 hectáreas de reforestación y una sanción económica ejemplar”.

Y advertía que si bien era legal que particulares compraran terrenos a ejidatarios, estos no podrían hacer el cambio de uso de suelo porque se trataba de tierras de preservación ecológica…

“Puede quedarse con una reserva ecológica hermosísima, puede decir ‘todo esto es mío, es verde, lo compro’; pero es dueño del predio, mas no de lo que se encuentra -digamos, naturaleza- en el predio. Solamente en el caso que soliciten ante la Semarnat el cambio de uso de suelo y este proceda”.

Por su parte, quien fungía como delegada de la Semarnat, Patricia Carrera, advertía también que en Peña Colorada no se podrían construir zonas habitacionales…
“En la zona que está para preservación no lo creo posible, no es factible (…) y todas las autoridades ambientales sabemos el valor de esta tierra… el costo económico no lo sé, pero el costo ambiental es muy alto”, declaró.

Adicionalmente, y por si el valor ecológico no hubiera sido suficiente para que se emitiera el decreto para blindar Peña Colorada, el representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Queretaro, Diego Prieto, (hoy titular del instituto a nivel nacional) confirmaba que habían encontrado vestigios arqueológicos en la zona y que debía velarse por la protección de ese patrimonio.

“Sí hay algunos sitios arqueológicos, ubicaciones con vestigios arqueológicos fundamentalmente concentraciones de material cerámico, de objetos de obsidiana y pétreos. Probablemente sí haya cinco o seis lugares con algunas estructuras, menores, pero sí estructuras constructivas prehispánicas. Por otro lado, elementos arquitectónicos, construcciones históricas, como construcciones hidráulicas (una compuerta, algunos bordos y otros elementos que tenemos, como capillitas otomíes)…”.

El director del INAH en la entidad dijo entonces sentirse tranquilo de la intención del gobierno del estado de declarar la zona como “área natural protegida”, por la compatibilidad estrecha entre la conservación ecológica y la del patrimonio cultural…

Han pasado 12 años desde esta declaración… y Peña Colorada continúa ansiando el decreto que impida que siga siendo un fruto muy apetecido.

Peña Colorada, el fruto apetecido