Hundirse en el fango, en nombre de la libertad de expresión

“Debería caer una bomba en el zócalo… nos haría un favor a todos. #vivaMéxico. pd si les molestan mis comentarios bórrenme, créanme que me vale 2 pesos saludos cordiales”… escribió en redes sociales ─el 15 de septiembre─ Ximena García, la joven piloto de Interjet.

En tanto, el Director de Giras y Eventos en la administración municipal de Corregidora ─Carlos Alberto Echeverria Bucio─ se refirió a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador ─Beatriz Gutiérrez Müller─ como “puta” y “gata”, al cuestionar a una persona que ─también en redes sociales─ aplaudió la vestimenta que la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México utilizó en la ceremonia del grito de Independencia.

La diputada local del PAN Elsa Méndez calificó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los legisladores ─a propósito de la inciativa de Ley de Amnistía que beneficiaría a mujeres que hayan abortado, así como a los médicos o parteras que hayan participado─ como traidores, hipócritas y cobardes; aseguró, asimismo, que el mandatario es el principal promotor del aborto.

José Manuel Mireles Valverde, el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se ha referido a las mujeres como “pirujas” y “nalguita”.

La libertad de expresión es, sin lugar a dudas, un principio indispensable en cualquier sistema democrático; sin embargo, en el contexto que estamos viviendo cabe recordar que la libertad de expresión tiene límites, que no es un derecho que nos permita manifestar todo aquello que nos venga en gana, sin que haya consecuencias.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza este derecho fundamental “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”; sin embargo, establece restricciones: “… sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”; limitaciones contempladas ─de una u otra manera─ en otras normas jurídicas nacionales e internacionales.

Pero además, en su artículo primero, la Carta Magna prohibe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El problema es cómo aplicar este esquema jurídico en ese pantano repleto de arenas movedizas que representa hoy la Internet; en donde cualquier persona, desde el lugar más recóndito del planeta, puede escribir lo que le venga en gana, con absoluta insensibilidad e impunidad.

En Odium dicta. Libertad de expresión y protección de grupos discriminados en internet, Gustavo Ariel Kaufman plantea la necesidad de “reexplicar la libertad de expresión dentro del marco de muchos otros bienes jurídicos tutelados importantes para la sociedad, cuya afectación no es permitida invocando su nombre”.

El académico considera que “La existencia de Internet no debería modificar los límites sustanciales a la libertad de expresión: el odium dictum ya era previamente condenable en muchísimas jurisdicciones cuando se difundían esa clase de expresiones en la prensa escrita, por ejemplo”.

Y habla de la tolerancia como el principio filosófico que sustenta la libertad de expresión… “Esa dinámica de tolerancia que da lugar a más libertad de expresión que, a su vez, genera más tolerancia, es un fenómeno social que se da dentro de una entidad política determinada, sujeta a sus propias normas, compartiendo una misma historia y el objetivo de desarrollar una sociedad cada vez más perfecta”.

Reflexionemos al respecto, antes de hundirnos más en el fango… con todo y nuestro derecho a expresaros libremente.