La tenencia de la tierra en Peña Colorada

Son nueve los ejidos que se localizan en la propuesta de Área Natural Protegida (ANP) para la zona de Peña Colorada, según un estudio elaborado en 2014

Ejidatarios que no cuentan con los respectivos certificados de derechos agrarios o parcelarios, o que sus documentos presentan irregularidades; así como ejidos sujetos a designación de un sucesor, son solo algunas de las problemáticas en torno a la tenencia de la tierra en el área de Peña Colorada.

De acuerdo con el Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Área Natural Protegida (ANP) de competencia de la Federación con la categoría de Área de Protección de Recursos Naturales, ubicada en el estado de Querétaro -elaborado en julio de 2014- y publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en la zona existe propiedad ejidal y pequeña propiedad.

Son nueve los ejidos que se localizan en la propuesta citada de ANP: seis en el municipio de Querétaro (Jurica, San José Buena Vista, El Salitre, San Pablo, San Pedrito El Alto y Santa Rosa Jáuregui); y tres en El Marqués (Tierra Blanca, Chichimequillas y San Vicente Ferrer).

El documento de Conanp del 2014 explica que la superficie del polígono ubicado en la capital queretana es de 3 mil 451.61 hectáreas, y mil 532.36 hectáreas en El Marqués; es decir, en total la extensión es de 4 mil 987.97 hectáreas.

En el polígono hay 67 predios particulares, 293 parcelas ejidales y nueve zonas ejidales de tierras de uso común; que abarcan 4 mil 983.97 hectáreas. Adicionalmente, son alrededor de 22.60 hectáreas de las vialidades en la zona.

El estudio previo señalado explica que los litigios con propietarios y poseedores de predios en el Área de Protección de Recursos Naturales Peña Colorada propuesta son: “casos específicos de ejidatarios que carecen de certificados de derechos agrarios, certificados parcelarios, o bien presentan anomalías. Esta problemática se encuentra sujeta a la determinación de las autoridades competentes en materia agraria”.

Además, agrega, “en algunos ejidos (…) se encuentran casos sujetos a la designación de sucesor en términos ley, problemática que se encuentra sujeta a la determinación de las autoridades competentes en materia agraria”.

Y, finalmente, advierte que “en una parte de la superficie del proyecto se sugiere derechos de posesión en favor de algunas personas, las cuales podrían adquirir en cualquier momento y por los cauces legales correspondientes el derecho de propiedad respecto de los predios”.

¿Se requiere pagar indemnizaciones?

El pasado 3 de septiembre, en sesión de la comisión de Medio Ambiente del Congreso del estado de Querétaro, el diputado de Morena Mauricio Ruiz Olaes declaró que tras la anulación en 2006 del acuerdo que declaraba a Peña Colorada como zona natural protegida, los ejidatarios comenzaron a vender sus tierras a distintos empresarios; y que, en 2013, hubo otra venta a particulares.

Por ello, el diputado aseguró que “Si el gobierno federal declara zona protegida a Peña Colorada, tendría que pagar a empresarios dueños de esos terrenos, una cantidad aproximada a 240 mil millones de pesos, lo que equivaldría a seis veces el presupuesto total del gobierno queretano”.

Luego, el 11 de septiembre, cuando un grupo de ejidatarios acudió a manifestarse a la sede del Congreso del estado para pedir que se les escuchara, antes de que fuera emitido el decreto de esa zona como ANP, Ruiz Olaes pidió que se investigara la venta de ejidos a particulares que -señaló- se pagaron a través de la Caja Libertad, por un monto de 132 mil 370 millones de pesos.

“No tenemos datos exactos, los ejidatarios nos pidieron que esto se investigara y lo único que se sabe es que la operación se realizó en la notaria 26, con la escritura pública 1800738, cuya operación se hizo entre 2008 y 2009, a nombre de Braulio Francisco Hernández Sánchez, Gabino Sánchez Guerrero, José Luis Hernández Olvera y Pedro Gregorio Cabello Sánchez”.

En tanto, un representante ejidal demandó que se les pagara el 100 por ciento del valor de sus terrenos: “Tenemos que sentarnos de vuelta en la mesa y negociarlo, claro, y le entramos; pero que seamos bien pagados, al precio que está rigiendo”, dijo.

Por su parte, la diputada local del PRI Abigaíl Arredondo ha reconocido que la emisión del decreto para blindar Peña Colorada “es un tema de voluntad, porque tiene que ir acompañado de algunas indemnizaciones de algunos programas que ya existen, en donde se convierten en reservas y sabes que estás impactando en familias que tal vez viven al día; hay programas en donde te autoempleas para que tú puedas ser el primero que los cuidas, siendo habitante de la zona”.

El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró -el 15 de agosto-, al ser cuestionado sobre una posible expropiación: “Vamos a ayudar, y se tiene que actuar de conformidad con la ley; hay que pagar las indemnizaciones cuando se lleva a cabo una expropiación. En este caso, para crear esta reserva, se tiene que pagar la indemnización, de acuerdo a lo que determine el avalúo que hace una dependencia, una institución responsable”.

Mañana, en la segunda parte de este trabajo, le presentaremos lo que contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para los casos de declaratorias de ANP.

Se reúnen ejidatarios de Peña Colorada con autoridades estatales de Querétaro