Cualquier régimen de propiedad puede existir en un área natural protegida

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente considera programas de regularización de la tenencia de la tierra, para dar seguridad jurídica a propietarios y poseedores de predios

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) permite – como lo hizo el gobernador Francisco Domínguez para el caso de Peña Colorada- que las autoridades de las entidades federativas promuevan, ante el gobierno federal, “el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes”, consigna el artículo 56.

Esta norma considera como áreas naturales protegidas: las reservas de la biósfera, los parques nacionales, los monumentos naturales, las áreas de protección de flora y fauna, los santuarios, los parques y reservas estatales, las zonas de conservación ecológica municipales, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, así como las áreas de protección de recursos naturales.

Para el caso de Peña Colorada, el Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Área Natural Protegida (ANP) de competencia de la Federación que se elaboró en julio de 2014 -y que fue publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- propuso que el decreto fuera dentro de esta última categoría.
Las áreas de protección de recursos naturales -define la ley citada- “son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal”.

En estas, puntualiza, “sólo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que las establezca, el programa de manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables”. En consecuencia, no puede autorizarse la fundación de nuevos centros de población.

El procedimiento para una declaratoria del presidente

Según la LGEEPA, las áreas naturales protegidas se establecen a través de una declaratoria por parte del Ejecutivo Federal. Previo a ello, deben llevarse a cabo los estudios que las justifiquen; considerar la opinión de autoridades locales, instancias federales, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y personas físicas o morales interesadas; además de universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas.

Entre los aspectos que debe incluir la declaratoria de área natural protegida –además de la delimitación precisa del área, las actividades que podrán llevarse a cabo, así como las modalidades y limitaciones- esta “la causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución”.

Las declaratorias deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y notificadas -previamente- a los propietarios o poseedores de los predios afectados (personalmente si se conocen sus domicilios, o mediante una segunda publicación). Las declaratorias quedan inscritas en el o los registros públicos de la propiedad correspondientes.

Cabe subrayar que las áreas naturales protegidas decretadas por el Ejecutivo Federal “podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad”.

Y que el Ejecutivo Federal, “a través de las dependencias competentes, realizará los programas de regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas, con el objeto de dar seguridad jurídica a los propietarios y poseedores de los predios en ellas comprendidos”, consigna el artículo 63 de la ley.

Ahora bien, la extensión y los usos de suelo permitidos en una zona que ha sido decretada como área natural protegida, únicamente podrán ser modificados por la autoridad que la estableció.

Analizan procedimiento a seguir…

El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, ha declarado que con el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, analizan el proceso para proteger este pulmón urbano, ubicado en los municipios de Querétaro y El Marqués.

“Hay propietarios, pero de ninguna forma ese pulmón que existe se le puede entregar nunca a la presión inmobiliaria de Peña Colorada”, dijo el mandatario estatal, tras explicar que con el Gobierno federal se determinará jurídicamente cuál sería el procedimiento a seguir, ya que podría ser por medio de un decreto; aunque reconoció que existe otra vía, la cual -reconoció- “les llevaría más tiempo”.

Asimismo, Domínguez Servién dijo que su administración no tiene contemplados recursos adicionales para los gastos que pudiera implicar una expropiación del terreno, por lo que de eso tendría que encargarse la Federación.

Por su parte, el presidente de la República -Andrés Manuel López Obrador- citó el caso de la sierra de San Miguelito, San Luis Potosí; la cual también se está buscando proteger y por lo que comenzaron a hablar con los campesinos, con la idea de apoyarlos.

“Afortunadamente ya la gente está muy consciente; en el caso de San Luis Potosí, cuando pregunté en una asamblea, desde luego estaba todo el pueblo, pero no los que seguramente se oponen, porque tienen que ver intereses, pero toda la gente aprobó lo de San Miguelito y estoy seguro que en Querétaro igual”, aseveró el mandatario.
Y es que -acotó- “no es sólo el decreto, es buscar consensos, buscar acuerdos; no es sólo el declarar zona natural, reserva natural por decisión o por decreto presidencial, sino buscar que haya acuerdo”.

La tenencia de la tierra en Peña Colorada