Entre chismes y campanas 13 de enero

Busca PAN resucitar al Seguro Popular

Que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió ante “el caos en los servicios de salud” por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que el Seguro Popular continúe: “Nuevamente estamos padeciendo otro ejercicio de soberbia e improvisación. El gobierno crea el Insabi, pero no sabe que para su implementación primero se requiere informar y capacitar a todo el personal médico. No podemos aceptar que los más pobres paguen los platos rotos de este gobierno inepto. Por eso exigimos que continúen los servicios médicos del Seguro Popular”.

Y además de hacer un llamado a la sociedad a que se pronuncie a favor de que siga este sistema -creado en el 2004, en la administración de Vicente Fox-, el dirigente dijo también que respalda a los gobernadores de su partido que determinen no firmar el convenio con Insabi.

Querétaro, entre los que no firmaron

El viernes pasado, el gobernador Francisco Domínguez aseguró que la entidad tiene la capacidad de seguir manejando los servicios de salud y confirmó -con la aclaración de que no es un capricho, ni un asunto político, sino una “estrategia”- que Querétaro está entre los ocho estados que no firmaron el acuerdo con el Insabi, porque eso implicaba entregarle al gobierno federal incluso la infraestructura (clínicas y hospitales).

Este sábado, el secretario de Salud estatal, Julio César Ramírez Argüello, se reunió con el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer. En un comunicado, se informó que el titular del instituto -cuyo equipo de trabajo estará este mes en el estado- subrayó “que se fortalecerá el primer y segundo nivel de atención en el estado de Querétaro”; además de que se habló de regularizar el surtimiento de medicamentos y material de curación en unidades de salud.

Que ganó Memo Vega

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje “absolvió” al municipio de San Juan del Río de pagar a Carlos Olguín, el exsecretario de Administración del exalcalde Fabián Pineda, 3.5 millones de pesos, a través de una demanda laboral, en la que argumentó que no había sido liquidado conforme a la ley.