La impartición de Justicia sin psicólogos

0
138

El contar con la asesoría del psicólogo en escenarios institucionales como el Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General, Servicios de Medicina Legal y Forense, Juzgados Civiles y Penales, Centros de Reincorporación Social (varonil y Femenil), Instituciones de Salud, Defensoría de los Derechos Humanos, Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, entre otros, es de vital importancia pues se interviene en asuntos legales de familia, discapacidad, custodia y convivencia de menores, violencia intrafamiliar, delincuencia, atención a personas violentas y asistencia a víctimas.

Estas tareas son competencia del psicólogo jurídico y forense, en su función de perito en psicología, y que es también empleado por personas que requieran un dictamen pericial individual o familiar. A partir de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, no se han tomado las suficientes medidas normativas y de actualización profesional que refuerce la calidad y competencia en la actuación del psicólogo jurídico y forense.

El psicólogo adscrito a la Administración Pública, independientemente de su área de competencia (clínica, educativa, forense, organizacional), se enfrenta a condiciones adversas para realizar su trabajo.

No solo ha disminuido en los últimos tres años la cantidad de plazas asignadas a dicho profesional, sino también son deficientes los apoyos para la capacitación y especialización profesional, así como la regulación para delimitar sus funciones y responsabilidades.

Los psicólogos forenses no tienen posibilidad de carrera profesional ni complementos retributivos, quedando al margen de un sistema que reconozca sus méritos y capacidades acorde a su responsabilidad y complejidad del trabajo.

Tengamos en cuenta que de su intervención, un menor puede perder a sus padres o unapersona quede privada de su libertad.

Por ello es urgente que los psicólogos sean formados y reconocidos en la competencia de lo jurídico y lo forense; que exista mayor seguridad y continuidad de su contratación laboral; que se conformen cuerpos colegiados con pertenencia y participación gremial; que se constituya un registro estatal de peritos en psicología adscritos a la Administración Estatal y Municipal, y de los que se desempeñan en lo privado; que se haga del conocimiento público la lista de profesionales en éste ámbito y la referencia de su formación y colegiación profesional.

Por último, a falta de una Certificación en psicología Jurídica y Forense, que sea reconocida por la SEP, se cuente con la debida y necesaria Habilitación Profesional expedida por el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro (COEPSIQUE). Necesario es que el trabajo de los psicólogos forenses tenga la adecuada aceptación y veracidad del público y los jueces para que se aplique la ley de manera justa y equitativa. ¿Tomarán en cuenta las autoridades ésta humilde opinión? Si no fuese así, a usted le toca asegurarse que emplea un profesional debidamente calificado.

Psicólogo Clínico, Twitter@psicgarcia