Combate a la corrupción “va en serio y no es un juego”: FDS

El gobernador de Querétaro recordó que en menos de un mes el Sistema Estatal Anticorrupción lleva atendidos dos casos; uno del gobierno anterior y otro del presente.

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El combate a la corrupción en el estado de Querétaro “va en serio y no es un juego”, pues la administración estatal actual se comprometió con las y los queretanos a erradicar dicho fenómeno, dijo el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, al referirse a la detención, por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de un servidor público que presuntamente pidió dinero para registrar un sindicato.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo en el estado sostuvo que hechos como éste son un llamado para los funcionarios de la actual administración y los que laboraron en algún momento. Asimismo, recordó que en menos de un mes el Sistema Estatal Anticorrupción lleva atendidos dos casos; uno del gobierno anterior y otro del presente.

“A mí me da gusto que este Sistema Anticorrupción estatal, que además es el único completo en todo el país, esté ya funcionando. Es la única forma de darle credibilidad a las instituciones y, bueno, ellos son totalmente autónomos y yo respeto al 100 por ciento su trabajo”, sostuvo.

Francisco Domínguez recordó que en este segundo caso, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción pidió una orden de aprehensión en contra del funcionario público tras acreditar que habría pedido dinero a un particular, misma que fue concedida por un juez.

El mandatario estatal dijo que la Secretaría de la Contraloría puede tener otras carpetas de investigación abiertas; por lo que será decisión del fiscal anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar, o de los magistrados administrativos si los toman y les dan seguimiento; además, manifestó, están vigilados por cinco ciudadanos quienes también le dan seguimiento a su actuar.

La primera acción tomada por la Fiscalía Anticorrupción fue en contra del coordinador de Comunicación Social de la anterior administración estatal por un presunto enriquecimiento ilícito; mientras que la segunda fue en contra del secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.