Personas privadas de la libertad por homicidio y robo piden libertad anticipada

Al respecto, Juan Martín Granados Torres señaló que la decisión de otorgar este beneficio es una facultad que le corresponde a los jueces y no, como sucedía con el indulto, a los poderes Ejecutivos de la República y de los estados del país.

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Cuatro personas privadas de la libertad que solicitaron su liberación anticipada se encuentran recluidas en Centros Penitenciarios del estado de Querétaro por delitos como homicidio calificado, robo calificado de vehículo, robo calificado a casa habitación, así como homicidio calificado y homicidio simple, respectivamente.

Lo anterior fue dado a conocer en entrevista por el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, quien señaló que la decisión de otorgar este beneficio –contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal- es una facultad que le corresponde a los jueces y no, como sucedía con el indulto, a los poderes Ejecutivos de la República y de los estados del país; dicha libertad anticipada de los solicitantes, abundó, en caso de ser procedente se hará después de seguir el procedimiento correspondiente.

“En términos reales, el indulto era una forma de lograr la libertad anticipada. ¿Por qué dejó de ser una facultad del Ejecutivo y ahora es un tema de jueces? Porque estar privado de la libertad u obtener la libertad es un derecho humano, y la regulación y la decisión sobre los derechos humanos no están en los Ejecutivos ni en los Legislativos, está en los jueces”, explicó.

De acuerdo con el funcionario estatal, este beneficio se debe tramitar ante el juez a petición del sentenciado, su defensor, del Ministerio Público o a propuesta de la autoridad penitenciaria. En este sentido, recordó que con motivo de las fiestas patrias –en las que tradicionalmente se realizaba la ceremonia de indulto y que este año no se realizará-, las cuatro peticiones para salir anticipadamente son analizadas por una Comisión integrada por personal técnico del sistema penitenciario, representantes de Derechos Humanos y ciudadanos.

Según el artículo 141 de la citada Ley, uno de los requisitos para otorgar la liberación anticipada es que la persona no represente un riesgo para la víctima, los testigos que depusieron en su contra y la sociedad.