“El estado soy yo”, la frase atribuida al rey de Francia Luis XIV (“El Rey Sol”), es el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador parece lanzar en cada una de sus acciones… aunque a veces él mismo no entienda claramente de lo que se trata; y, lo más preocupante, que lo haga cada vez con mayor frecuencia.
El inesperado anuncio ─el viernes pasado durante su rueda de prensa mañanera─ de que ese mismo día firmaría el “acuerdo” para devolver los “tiempos oficiales” (sic) a estaciones de radio y canales de televisión, es solo una muestra más de cómo el presidente está ejerciendo el poder sin ninguna limitación… en forma absoluta.
Y aunque le enmienden la plana para evitar confusiones porque los “tiempos oficiales” están constituidos por tiempo de Estado y tiempo fiscal, Andrés Manuel llama las cosas como a él le da la gana: “Me hace la observación Jesús que son tiempos fiscales, pero es entendible, yo le llamo tiempos oficiales del Ejecutivo (…) no le quiero llamar fiscal, porque se puede pensar que es dinero”.
De hecho, el aseguramiento y el decomiso para él son “confiscación”; la cual está prohibida en el artículo 22 Constitucional… y ¡háganle como quieran!; el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) pasó a ser el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (INDEP), ¡por sus pistolas!… y para cumplir sus gustos, tiene un congreso a modo.
Incluso, el 15 de septiembre será la rifa del “avión presidencial”, en la que el premio no será la aeronave, sino dinero en efectivo; aunque el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor diga que “La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas”.
Pero el problema va más allá de lo semántico… lo alarmante es que su voluntad sea la ley suprema, y que esté por encima de las leyes vigentes; aunque su empecinamiento genere ambigüedades: v.gr. la declaratoria ante el COVID-19 de una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, y no de “contingencia sanitaria”, para que el criterio de pagar un salario mínimo no fuera aplicable.
Lo perturbador de que “devuelva” los tiempos “oficiales” a los concesionarios es que ─cabe recordar─ estos son espacios de transmisión, en radio y televisión, del dominio directo de la Nación… no del presidente, no de su gobierno… y menos aún de Andrés Manuel López Obrador o de quien ocupe el cargo.
Lo desconcertante es que ─por un lado, y a petición de él─ se haya reformado la Carta Magna para prohibir la condonación de impuestos y evitar el “huachicol de cuello blanco”, y diga que a pesar de la emergencia sanitaria por el coronavirus no habrá condonación de impuestos a grandes empresas; pero ─por otro─ favorezca a los concesionarios de medios electrónicos, quienes forman parte de la clase privilegiada que tanto critica.
“Por ley, nosotros disponemos de tiempos en la radio, en la televisión, esos tiempos ya no los vamos a ocupar y entonces las estaciones de radio, de televisión pueden comercializarlos”, declaró ─aunque el marco legal no permita que estos espacios puedan ser vendidos─ con los argumentos de que: a) “un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo no necesita de propaganda” y b) la industria de la radio y la televisión están pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y su gobierno ha reducido considerablemente la publicidad, y esta se va reducir aún más.
Así las cosas, el señor Presidente pasa por alto que el Poder Ejecutivo no es el Estado mismo…
