A nivel nacional, se publicó en marzo el “Protocolo de actuación para la atención de COVID-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos)”, cuyo objetivo es establecer las acciones de sanidad pertinentes al interior de los penales federales para proteger a la población de internos ante esta situación
Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, las autoridades sanitarias y penitenciarias del estado de Querétaro y del Gobierno de México han determinado una serie de medidas para implementarse en penales; incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, que adoptó la declaración “Covid-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”, que incluye estrategias para desarrollarlas en prisiones.
En el caso de Querétaro, la Secretaría de Salud estatal publicó en el periódico oficial de gobierno del estado, “La Sombra de Arteaga”, un acuerdo por el que se emiten recomendaciones a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que incluye la suspensión temporal de las visitas en los Centros Penitenciarios y en el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes (CIEMA).
A nivel nacional, las Secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Órgano de Prevención y Readaptación Social publicaron en marzo pasado el “Protocolo de actuación para la atención de COVID-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos)”, cuyo objetivo es establecer las acciones de sanidad pertinentes al interior de los penales federales para proteger a la población de internos ante la situación del COVID-19.
El Senado de la República, por su parte, aprobó este lunes la Ley de Amnistía, la cual fue enviada a al Ejecutivo para su promulgación. Dicha normativa, además de contemplar el otorgamiento del perdón a primodelincuentes, personas que no hayan cometido delitos graves y que en su proceso se hubieran presentado irregularidades, busca, de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, despresurizar la sobrepoblación en las cárceles y evitar contagios de COVID-19.
