El llamado “run-run”, el rumor, pues, comenzó la tarde -noche del mismo viernes 24 de abril, cuando periodistas comenzaron a difundir en plataformas sociodigitales que un reportero que acude a las conferencias mañaneras del presidente había sido diagnosticado con COVID-19.
El mismo sábado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero del gobierno federal durante esta pandemia, aclaró el asunto. No fue un reportero de ningún medio, pero sí un funcionario del área de Comunicación Social de la propia Secretaría de Salud, quien estuvo en Palacio Nacional y por tanto tuvo contacto con personal de prensa de la Presidencia y con periodistas, por lo que de inmediato activaron los protocolos de actuación.
Desde el inicio de la cuarentena se analizó la posibilidad de suspender o al menos hacer vía remota los encuentros del presidente y sus colaboradores y colaboradoras con la prensa. El presidente dijo que no y claro que hubo críticas, aunque hay que entender que el trabajo de las y los periodistas es eminentemente callejero y Palacio Nacional es solo uno de los focos de riesgo.
Sobre este hecho, hay que analizar de todos modos un par de cosas.
Lo primero es que, si bien el presidente se negó a suspender sus encuentros con la prensa (que no conferencias de prensa), se mantuvieron en hacer también los informes de las 19:00 horas.
Esto elevó los niveles de riesgo, pues muchos colegas siguen acudiendo al Salón Tesorería y usan el mismo micrófono para hacer sus preguntas; micrófono que nadie limpia ni protege ni desinfecta la esponja que sirve para reducir el ruido que capta el aparato.
Tampoco es que las sillas guarden la sana distancia y, claro, muchos medios han hecho poco para ofrecer a sus periodistas medios y recursos para cubrir de manera segura la pandemia, ni en Palacio Nacional ni en muchos otros sitios.
El otro asunto a reflexionar tiene que ver con la actuación de periodistas cuando se confirmó el caso del funcionario con COVID-19.
El domingo por la tarde-noche, comenzaron a difundir por plataformas sociodigitales la foto del funcionario de prensa de la Secretaría de Salud, en una especie de linchamiento público y con el afán de querer culpar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lo que pueda sucederle a colegas que tuvieron contacto con este empleado federal.
Nada más mezquino y vil.
Publicar la foto de un paciente con Covid-19 carece de sentido informativo, no es de interés periodístico y vulnera sus derechos humanos. Quienes fueron cómplices en la difusión de la imagen del funcionario violan además la ley de protección de datos personales.
Y, peor aún, pretenden escudarse en un falso argumento de libertad de expresión y arguyen motivos hasta éticos para asumirse como parte acusadora, fiscalía, juez y jurado en este juicio sumario y mediático que pretende, según me dijeron algunos y algunas de ellas, demostrar que “el gobierno lopezobradorista quiere usar a periodistas como carne de cañón en su mala política para enfrentar la pandemia”.
Vaya clase de argumentos.
*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”.
