Concepción Herrera aclaró que el instituto no mide la fiscalización financiera, por lo que lamentó la propuesta planteada de Alfonso Ramírez Cuéllar
Los legisladores del Partido Acción Nacional y de Querétaro Independiente en el Congreso de Querétaro, Roberto Cabrera Valencia y Concepción Herrera Martínez, respectivamente, coincidieron con la declaración que hizo la mañana de este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se tiene que mantener en privado el patrimonio de empresarios y de todos los mexicanos.
Esto, luego de que el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tenga facultad constitucional para revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los ciudadanos.
Cabrera Valencia consideró que esta propuesta es una ocurrencia, sobre todo por la manera en como la presentó y porque se sale de las atribuciones que tiene el instituto.
“Creo que el planteamiento de origen es una ocurrencia, no lo veo con seriedad, es algo que mediatiza y genera mucha polémica, pero no va a pasar de que esta iniciativa se rechace”.
Recordó que durante la mañanera, López Obrador dijo que la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos.
“Esta propuesta deja mucho que desear, sobre todo cuando hay temas tan importantes como la salud, la economía y de lo que va a lastimar el tema de la contingencia derivado del Covid-19; este tipo de situaciones no le abonan en nada a una agenda seria, prudente y responsable del servir desde una representación popular como la que hace este personaje y se quedará en el camino y será parte del anecdotario”.
Herrera Martínez aclaró que el Inegi es un instituto de estadística que no mide la fiscalización financiera, por lo que lamentó la propuesta planteada por Ramírez Cuéllar.
“En voz del presidente (López Obrador), mencionaba que no era la idea y mencionaba que esta era una muy mala propuesta (…) sería una invasión el tema de sus bienes y sus propiedades y se estaría atentando contra los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución”.
