Ricardo Ugalde Ramírez aclaró que el tema del derecho al ejercicio de la objeción de conciencia no es negarse solo por negarse, sino que tiene que haber una justificación que permita que este derecho se ejerza
Para establecer cuál va a ser el alcance de las disposiciones que permitan que se ejerza el derecho de objeción de conciencia, hace falta que los integrantes del poder Legislativo dictaminen una ley reglamentaria, reconoció Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); esto, luego de que en la Comisión de Salud en el Congreso de Querétaro fue aprobado el dictamen de una iniciativa para que, a través de la objeción de conciencia, el personal médico en la entidad pueda negarse a realizar o participar en cualquier investigación, método o servicio que vaya en contra de su conciencia.
“Es una iniciativa que de alguna manera representa el ejercicio de un derecho subjetivo que tienen los médicos para que, bajo razones muy justificadas, mantengan una posición que les permita resistirse al mandato de una autoridad en el sentido de atender a un paciente bajo ciertas condiciones, cuando evidentemente esa atención represente para ese médico o enfermera alguna violación relacionada con su ética, condición religiosa o con su moral”.
Aclaró que el tema del derecho al ejercicio de la objeción de conciencia no es negarse solo por negarse, sino que tiene que haber una justificación que permita que este derecho se ejerza con las características particulares que va a requerir.
Destacó que para que sea válida la objeción de conciencia, es necesario que este derecho quede clarificado en cuanto a su ejercicio y que la excusa de participar en actividades de investigación, ya sea a partir de métodos en las mismas o de ciertas especies en estos procesos de tratamiento a personas en programas de investigación, quede lo suficientemente justificado por parte de los médicos.
“Para la aplicación de la objeción de conciencia se requiere de una serie de razones de carácter ético y que estén suficientemente justificadas, por eso, el paso siguiente es tener una ley reglamentaria”.
Reconoció que se corre el riesgo de que los argumentos de carácter moral o religioso sean los que prevalezcan y que de alguna manera entren en una confusión con el derecho en la estructura social.
