El Ayuntamiento del municipio de Corregidora aprobó un cambio de uso de suelo, el pasado 9 de julio, en la zona de El Batán
Beatriz Robles Gutiérrez, diputada federal por Morena, adelantó que emprenderán diversas acciones legales para revocar el cambio de suelo en la zona de El Batán, que el Ayuntamiento de Corregidora, en sesión de cabildo, aprobó el pasado 9 de julio.
Una de estas acciones, dijo, es un exhorto que presentará desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, dé marcha atrás a esta aprobación y para que informe a los ciudadanos cuál podría ser una alternativa.
“De acuerdo con lo aprobado por el cabildo, el cambio de uso de suelo se dio en tres fracciones de terreno que se modificaron de uso campestre a habitacional, de servicios y comercio; por eso emprenderemos las acciones legales para lograr detener el ecocidio”.
Explicó que el regidor independiente Zacarías Ávila Corona solicitará la revocación de esta decisión, de acuerdo con el artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, que faculta al ayuntamiento a modificar o revocar sus acuerdos, que representen intereses contrarios al bienestar colectivo o al interés municipal.
Destacó que si este cambio de uso de suelo es publicado en la Gaceta Municipal La Pirámide, primero acudirá ante la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano; y posteriormente solicitará a la Federación que el tema lo atraigan la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
“Acudiremos a un amparo y a una demanda ciudadana para que ellos demanden al ayuntamiento por esa decisión y entonces se tendrá que recurrir a los tribunales para ver cuál es la resolución”, advirtió.
Mencionó que previo a este cambio, los predios tenían restricciones y una de ellas refería al uso habitacional; tema en el que no se ha contemplado el tipo de suelo, sustentabilidad, recursos naturales y viabilidad, motivo por el cual el 80 por ciento de los fraccionamientos no están entregados a los municipios.
