La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó que Guerrero y Oaxaca fueron los estados con más víctimas de desplazamiento forzado durante el año pasado
Se estima que durante 2019 cerca de 8 mil 664 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en México, con al menos 28 episodios en ocho estados, 27 municipios y 61 localidades del país.
Del total de las personas desplazadas internamente en 2019, 6 mil 925 (alrededor de 80 por ciento) tuvieron que desplazarse debido a la violencia generada por grupos armados organizados, señala el informe “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México” de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Cifras históricas registran un total de 346 mil 945 personas desplazadas internamente por la fuerza en México.
Mientras que de enero a diciembre de 2019, las entidades federativas en donde se registraron más episodios fueron Chiapas, con nueve episodios; y Guerrero, con ocho. Por segundo año consecutivo la entidad federativa que registró la cifra más alta fue Guerrero, con 5 mil 128 personas desplazadas, lo que corresponde al 59.19 por ciento del total.
En segundo lugar se encuentra Oaxaca, con mil 071 personas desplazadas, lo que a su vez representa el 12.36 por ciento del total. Juntos, estos dos estados concentran más del 70 por ciento de personas desplazadas en los episodios de desplazamiento masivo registrados.
En tanto que el año pasado se registraron tres episodios que desplazaron a mil o más personas, todos en el estado de Guerrero.
“El episodio con el mayor número de víctimas ocurrió en el municipio de Zirándaro, donde incursiones y enfrentamientos armados entre grupos delictivos causaron el desplazamiento de alrededor de 1 mil 500 personas de diversas comunidades”, documenta el informe.
Asimismo, entre las causas que generaron los desplazamientos forzados se encuentran principalmente tres: “violencia generada por grupos armados organizados”; “violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales” y “violaciones de derechos humanos”.
Por lo que 16 de los 28 episodios fueron causados por violencia generada por grupos armados organizados (57.14 por ciento del total). Estos episodios ocurrieron en Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Once de los 28 episodios fueron causados por violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales (39.29 por ciento del total). Estos episodios se llevaron a cabo en Chiapas y Oaxaca, y al menos nueve de ellos afectaron a población indígena.
De las 8 mil 664 personas desplazadas internamente en 2019, mil 658 (19.14 por ciento del total) se desplazaron a causa de violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales.
Mientras que uno de los 28 episodios registrados en 2019 fue causado por violaciones de derechos humanos (3.57 por ciento del total). Este episodio ocurrió en Chiapas y desplazó a 81 personas.
Al analizar las causas de desplazamiento en los últimos tres años, destaca que la violencia generada por grupos armados organizados ha generado un total de 24 mil 313 nuevos desplazamientos de personas, entre 2017 y 2019, con 13 episodios, mientras que la violencia política, la conflictividad social y los conflictos territoriales han generado 15 mil 921 nuevos desplazamientos en el mismo periodo.
La CMDPDH advierte que a pesar de que en 2019 por tercera vez consecutiva hubo una disminución del número estimado de personas desplazadas de forma masiva por motivos relacionados con la violencia, la realidad por detrás de las cifras y la información que las acompaña imposibilita afirmar de forma responsable que la situación ha mejorado.
“Estar en una situación que obliga a huir y abandonar el lugar de residencia no sólo genera necesidades en términos de vivienda y seguridad. Para restablecer su proyecto de vida y el pleno ejercicio de sus derechos, las personas desplazadas internamente pueden necesitar apoyo económico, ayuda humanitaria, asistencia médica y psicológica, reposición de documentos, apoyo para la realización de trámites administrativos, restitución de tierras y propiedades, así como acceso a mecanismos de justicia y reparación”, subraya la organización.
