El 9 de julio pasado se publicó en el DOF el “Plan Sectorial de Energía 2020-2024”. Dicho instrumento pretende, entre otras cosas, alcanzar la autosuficiencia energética y lograr consolidar y fortalecer a las empresas productivas del Estado en el sector, es decir, un plan muy parecido al emitido por el gobierno estadounidense en junio de 2017, “América First Energy Plan”, privilegiando la generación de energía a través de combustibles fósiles.
Este plan sectorial ha estado en el ojo del huracán desde su nacimiento: desde un contexto político se dio parcialmente un giro a la reforma energética construida por el gobierno anterior, sin embargo, lo más trascendente se da a partir de su óptica ambiental y las repercusiones en el futuro.
Así, los objetivos prioritario 6.1 y 6.2. inician con la mención del principio que “el mercado no sustituye al Estado”, con lo cual se puso de relieve la intención del gobierno federal de rescatar y pontencializar tanto a la CFE como a PEMEX, estableciendo como su directriz generar la autosuficiencia energética a través de fuentes fósiles, incrementando la exploración y extracción de crudo en detrimento del crecimiento de empresas privadas de energías renovables y, sobre todo, en perjuicio del Acuerdo de París para la disminución progresiva de gases de efecto invernadero y emisiones de CO2.
Lo realmente trascendente deviene en el objetivo 6.6 y el apartado 7, acciones puntuales 1.2.2, 1.5.2, 1.6, 1.7.1, 1.7.2. y 1.7.3., 2.1.4, 2.3.3, 2.3.6, 4.4.1, 4.5.1, 5.2.1, entre otras, en donde se establece de manera bastante robusta cómo se pretende apoyar a las EPE, a través de inversiones miillonarias en infraestructura y procesos de investigación y exploración en nuevos yacimientos de petróleo y generación de petrolíferos y combustibles de origen fósil como base de la política energética del país, relegando a las energías renovables a una mera declaración de buenas intenciones y con presencia anecdótica en el PND.
Ahora bien, pareciera que esta imposición energética arcaica y anticuada pudiera ser reconsiderada. El pasado 22 de septiembre, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, dentro del amparo 372/2020, concedió una suspensión definitiva en contra de la entrada en vigor del PSE, estableciendo que del mismo “preliminarmente se advierte que se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético”, señalando además que pudiera existir una competencia desleal entre las EPE y las demás empresas privadas del sector.
Esto, si bien es una medida que por lo pronto mantiene las cosas en el estado en que se encuentran, prohibiéndole a la SENER y a sus organismos a continuar con las políticas establecidas en el PSE; lo cierto es que si se llega a ganar en el juicio en definitiva, pudiera lograr que se replantee la política energética en el país, protegiendo de manera contingente a terceros ajenos a la contienda.
No queda más que esperar y ver si se genera un marcha atrás a un instrumento que pareciera haber sido diseñado en un contexto asimétrico al que vivimos hoy. Al final, la justicia ambiental, energética y económica seguramente quedará en manos de nuestro Máximo Tribunal… Como dije: a esperar.
Marcha atrás
