El diputado federal panista Felipe Fernando Macías destacó las reformas para sancionar con hasta 10 años de prisión a quien discrimine o violente al personal de salud o de emergencias
Lo ideal sería que las legislaturas estatales armonicen sus leyes con las reformas aprobadas recientemente en la Cámara de Diputados en materia de justicia penal, entre ellas la que establece penas de uno a 10 años de cárcel a quien violente, discrimine y fomente todo tipo de violencia contra el personal de salud y cuerpos de emergencia, afirmó Felipe Fernando Macías Olvera, diputado federal por Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN).
“Es lo ideal, sin embargo, una legislatura local, en su autonomía, es libre de tomar las decisiones que considere para las modificaciones a sus ordenamientos”.
Destacó que con la reforma al Código Penal Federal y las leyes generales de salud para establecer penas especiales a los delitos de violencia y discriminación contra personal médico y cuerpos de emergencia, el juzgador en cada una de las entidades puede fundamentar sus decisiones con los ordenamientos federales.
El 30 de abril, el Congreso Local aprobó una serie de reformas al Código Penal para el Estado de Querétaro, que agravaban el delito de discriminación a quien agreda al personal médico y cuerpos de emergencia, sin embargo, estas aún no han entrado en vigor porque el titular del Ejecutivo Estatal las regresó con varias observaciones.
Macías Olvera explicó que otra de las reformas que se aprobaron fue la modificación a la “Ley Nacional de Ejecución Penal”, la cual restringe el goce de libertad condicional, la reducción o sustitución de pena a los feminicidas o violadores.
Otro de los cambios, señaló, es el aumento a la prescripción de los delitos sexuales, por lo que actos relacionados con la pornografía, turismo sexual y pederastia se convierten en imprescriptibles, es decir, quien haya sido víctima de uno de estos delitos, podrá denunciar en el momento que así lo decida.
“También se tipifica la extorsión como delincuencia organizada, incluyéndose en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, por lo que ya no podrán llevar en libertad su proceso”.
